Una asistencia limitada a las personas con discapacidad

Tras haber sido visitados por las brigadas médicas, hay pacientes que
aún no acceden a los beneficios de ley.

En un año visitando a las personas con discapacidad en el país, la Misión Manuela Espejo ha detectado 17.240 casos críticos, a los que parcialmente les llega la ayuda técnica, asistencia médica y bonos ofrecidos. Según el estudio, que ha cubierto 21 provincias, la tasa de discapacidad es menor de la proyectada.

Se acabó el dolor/ vamos a alegrar el alma/ ya llegó al Ecuador/ la revolución ciudadana, reza el coro de la canción oficial de la Misión Solidaria Manuela Espejo, el programa bandera de la Vicepresidencia de la República, nacido en el 2009 mediante un convenio binacional firmado con el Ministerio de Salud de Cuba. Desde julio del año pasado se los ha visto en brigadas formadas por dos genetistas cubanos, un médico general ecuatoriano y un militar (que registra la ubicación) brindando atención médica gratuita cuando hacen la visita puerta a puerta a cada persona con discapacidad severa en el país.

Uno de esos casos es el de Nelly Jara, una menor con discapacidad intelectual profunda por hidrocefalia y diformismo genético, que tiene 11 años y mide 60 centímetros. Hace dos meses, cuando la visitó la Misión Manuela Espejo en Bolívar le entregó una cama y un colchón antiescaras, pero aún no le llega una silla de postura infantil que le ofrecieron. Esta provincia registra el mayor índice de discapacidad en el Ecuador, de 21 que han sido estudiadas completamente, con una tasa de 3,31 por cada 100 habitantes.

Su madre espera la silla con impaciencia, para poderla llevar a unas terapias gratuitas en el INFA (Instituto de la Niñez y la Familia); mientras, camina con la menor en la espalda unos 10 kilómetros desde su casa de barro y caña ubicada en la parroquia Santa Fe hasta Guaranda.

Según su mamá, “a veces está tranquila y a veces malgeniuda”. No puede hablar ni moverse, apenas esboza una sonrisa o un gesto de tristeza que muchas veces termina en lágrimas.

La autodenominada cruzada, que lleva el nombre de una enfermera con vocación social y hermana del prócer quiteño Eugenio Espejo, llegó luego de que en julio del 2008 el gobierno de Rafael Correa declaró en emergencia el sector de la discapacidad, dispuso que se lo atendiera con prioridad y delegó la labor al vicepresidente Lenin Moreno.

Hasta el lunes pasado, Manuela Espejo registraba 197.988 casos estudiados, de los cuales 49.734 corresponden a personas con discapacidad intelectual y 148.254 con discapacidades físicas. Cuando se presume que un caso tiene origen genético se toma la muestra de sangre y se la envía al laboratorio genético de Cuba para su análisis.

De los pacientes visitados, 17.240 están catalogados como casos críticos y es a quienes apunta la fase de respuesta, que consiste en dar ayuda técnica (sillas de ruedas, prótesis, etcétera), la que ha llegado a 12.165 personas en 17 provincias.

“Es un trabajo humanitario”, recalca Agustín Lavastida, uno de los médicos cubanos. Según él percibe $ 350 por doce horas de trabajo de lunes a domingo, fuera de alimentación y alojamiento que cubre la Vicepresidencia. Comenta que inició su labor el 9 de junio del 2009 y terminará este diciembre.

Asimismo, se les ofrece gestionar ante los diferentes ministerios e instituciones el carné de discapacidad, bonos de desarrollo humano y vivienda, la nueva cédula de identidad con un chip en el que se especifica su discapacidad, asistencia médica, entre otros servicios. Para el efecto se han firmado catorce convenios interinstitucionales y las gobernaciones tienen el compromiso de vigilar estos procesos, dice el vicealmirante Homero Arellano, secretario de la Vicepresidencia y coordinador del programa.

En El Tambo
La falta de ayuda técnica también la exponen los familiares de Fanny Naula, de 29 años y con discapacidad intelectual, a quien la brigada de la misión visitó en marzo pasado, pero aún no recibe la cama ni colchón prometidos. Ella también es madre de un niño, Daniel, de 5 años. Agustina, su hermana, lamenta que los brigadistas que llegaron al cantón El Tambo, Cañar, en marzo pasado, no hayan examinado al niño que tiene problemas de aprendizaje.

William Montalvo, médico tratante del centro de salud de El Tambo, dice que él junto con otros médicos se encargan de hacer el seguimiento a los casos visitados por las brigadas, así como de los nuevos para reportarlos a la Dirección de Salud de Cañar y a la Vicepresidencia.

Amazonia
Pero, en provincias como Sucumbíos no se hacen seguimientos porque no existe atención médica especializada. Homero Arellano reconoce que el déficit en esta área es elevado, pero espera mejorarlo con la ayuda del Ministerio de Salud.

Respecto de la entrega del Bono de Desarrollo Humano, que es un derecho de las personas con discapacidad, Arellano dice optimista que el 50% de la población con discapacidad está cubierta y que ellos han cumplido con enviarles los informes de los nuevos casos.

Sin embargo, en el Programa de Protección Social del MIES se informa que aún no reciben las carpetas de la misión; ellos entregan bonos a 44.054 adultos y 7.020 menores con discapacidad, cuando, según la página web del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), hay 219.631 carnetizados y atienden una demanda nacional de más de 100 solicitudes diarias, precisa Consuelo Crespo, directora encargada de la entidad.

Según Manuela Espejo, hay tasas altas de discapacidad también en Cotopaxi 3,17, Chimborazo 3,06, Sucumbíos, Carchi, Zamora y Napo con 3,00.

En Tixán, parroquia de Alausí (Chimborazo), con el frío filtrándose por las paredes de madera de su casa, duerme Pedro Aucansala, de 44 años, sobre un colchón y una cama que la cruzada le dio en mayo pasado.

Pero el agricultor, con una discapacidad física en la pierna derecha y brazo izquierdo, tras un accidente de tránsito hace catorce años, dice que aún espera la cédula de identidad que le debían entregar hace dos meses para tramitar el bono de la vivienda, el de desarrollo humano y poder tener acceso a terapias en el sistema de salud pública.

Mientras, su mal se agrava porque cultiva y carga sacos de papa. “$ 1,25 por saco no alcanza ni para los medicamentos”, dice angustiado, mientras agrega que nunca le han hecho seguimiento médico a su caso.

Esa misma atención esperan los familiares de Jesús, de 7 años, en el sector Shuid, también de Alausí (Chimborazo), quien padece desde su nacimiento de una discapacidad intelectual del 75%, según el carné del Conadis, que le impide hablar.

María Dolores Chafla, la madre, casada con un alcohólico, cuenta que tras la visita de una brigada de la misión, en abril pasado, recibieron una cama, colchón, cobija y un andador, pero no la cédula para optar por el bono de la vivienda.

Patricia Bermeo, médica del subcentro de salud en la parroquia Guasuntos, refiere que el consumo de licor y los matrimonios entre parientes son las principales causas de las discapacidades en este sector.

No se conoce montos
La misión contó el año pasado con un presupuesto de $ 15 millones, una asignación de $ 40 millones para el 2010 y una cantidad similar para el ejercicio del 2011, año en el que se concentrarán en la etapa de respuesta, pues hasta diciembre próximo tienen planificado culminar la fase de diagnóstico y primeras visitas, señala Arellano.

El desglose de gastos no fue proporcionado por la misión ni consta en su sitio web. Se estima que la inversión es superior porque hay gastos operativos y de personal que son cubiertos por los ministerios de Salud y de Defensa, que acompañan a la misión en sus brigadas.

El nuevo bono Joaquín Gallegos Lara de $ 240, para los familiares que cuidan a pacientes con discapacidad crítica está financiado. Se pagará en una fase inicial este 20 de agosto a 2.830 beneficiarios, y hasta enero próximo se espera llegar a unos 14.000. “Sabemos que también va a haber quejas, son procesos que tenemos que ir afinando, pero hay recursos para pagarles a todos”, anota Arellano.

La misión tiene como objetivo elaborar un estudio biológico, psicológico, social, clínico y genético de las discapacidades, con el fin de delinear políticas de Estado que abarquen todas las áreas, en especial salud, educación y bienestar social. Sus funciones son las que antes tenía el Conadis: bajar la incidencia y prevenir las discapacidades.

En tanto que el Conadis, conforme al art. 156 de la Constitución, está encargado de transversalizar las políticas públicas del sector. “Trabajamos en un proyecto de reforma a la Ley de Discapacidades. Solo puedo adelantar que estará en enero”, refiere Consuelo Crespo.

El martes pasado, las brigadas, alojadas en el hotel Carso Inn., visitaban Milagro. Las casas donde viven personas con discapacidad estaban previamente identificadas con banderines blancos; los médicos andan rápido, todos toman apuntes al mismo tiempo y tratan cordialmente a sus pacientes.