REUTERS-AP
WASHINGTON.- Una serie de demandas del gobierno del presidente Barack Obama, de grupos de activistas y de derechos civiles, y de México, apoyada por nueve países sudamericanos, se han sumado en los últimos días, dirigidas a bloquear una polémica ley considerada "antimigrantes", decretada por el estado norteamericano de Arizona.
La magistrada distrital estadounidense Susan Bolton acordó el lunes permitir que Ecuador, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y El Salvador podrían unirse a México para apoyar una demanda presentada por una coalición de organizaciones defensoras de los derechos civiles que busca declarar inconstitucional la ley SB1070 en una corte de Arizona.
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La norma, promulgada el 23 de abril por la gobernadora republicana Jan Brewer, convierte en delito menor la presencia ilegal en ese estado y da a la policía la autoridad de cuestionar el estatus de una persona si existe "sospecha razonable" de que es un inmigrante ilegal.
México afirma que busca defender los derechos de sus ciudadanos y que la ley podría derivar en arrestos a base de las características raciales de los inmigrantes, así como obstaculizar el turismo y el comercio, además de ser negativa para las operaciones contra el tráfico de drogas y la violencia relacionada con este delito.
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También el Departamento de Justicia del gobierno de Obama se sumó a iniciativas legales de grupos activistas y de derechos civiles que han presentado siete demandas separadas dirigidas a bloquear la ley antes de que entre en vigor el 29 de julio.
El Gobierno demandó la semana pasada al estado de Arizona al considerar que la ley, que exige a policías estatales y locales investigar el estado inmigratorio de cualquier persona que sospechen que está ilegalmente en el país, es una medida inconstitucional.
Funcionarios de Arizona dicen que el Gobierno federal no ha logrado abordar el problema de la inmigración ilegal y por ello el estado debía aprobar su propia ley. Se cree que hay 10,8 millones de inmigrantes indocumentados en EE.UU., un país con más de 300 millones de habitantes. En Arizona hay unos 460 mil indocumentados.
Incluso varios pueblos y pequeñas ciudades de Arizona quieren que un juez federal suspenda temporalmente la nueva ley de inmigración del estado porque si esta luego es anulada, enfrentarían demandas costosas por la disposición que prohíbe liberar un arrestado hasta que se determine su estatus migratorio.
Ecuador y demás países sudamericanos utilizan el recurso legal conocido como Amicus Curiae ("Amigo de la Corte") que consiste en la intervención en un litigio por tener un interés cierto en el caso, pero de modo que no se es parte.
Mediante esta presentación se busca "garantizar el respeto y la protección plena de los derechos humanos de los migrantes, independientemente de su condición migratoria".