La presión externa y los cuestionamientos al Consejo de la Judicatura (CJ) por la falta de eficacia y eficiencia en los procesos de selección de personal y de homologación salarial, obligó a ese organismo a dar marcha atrás en su intento de incrementar los sueldos de forma selectiva, en favor de 300 jueces y funcionarios de alto rango.
Se estimaba que en vez de 5.000 dólares podrían percibir hasta 6.000 dólares.
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La decisión fue adoptada por unanimidad (los nueve vocales del CJ), que analizó el tema en su sesión ordinaria de ayer.
De esa forma, quedó en suspenso el pedido de incremento de las remuneraciones, que formuló el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Vicente Troya, hasta que existan fondos suficientes para realizar una elevación salarial general, que beneficie a los 4.300 jueces y funcionarios judiciales de todo el país.
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La resolución se adoptó por pedido del vocal Herman Jaramillo. No se aprobó una moción previa que planteó el vocal Oswaldo Domínguez, para que se reconsidere y se deje sin efecto el incremento.
La decisión fue celebrada por la dirigencia de los trabajadores judiciales de Pichincha, gremio que pidió a los vocales del CJ unir esfuerzos para conseguir que el Ministerio de Finanzas provea de los fondos suficientes para el incremento generalizado de sueldos.
Así lo afirmó el presidente del gremio, Fidel Chiriboga, quien expresó que la rectificación del grave error, por parte del CJ, bajó las tensiones en la administración de justicia, ya que la dirigencia no estaba dispuesta a permitir que se atropelle los derechos de los servidores judiciales.
Además, Chiriboga felicitó que la resolución haya sido aprobada por unanimidad. Ello, considerando que en la sesión del pasado 2 de mayo, en la que se incrementó los sueldos para el sector directivo de la Función Judicial, fue adoptada por la mayoría de cinco vocales.
El pasado lunes, el secretario ejecutivo del CJ, Gustavo Donoso, defendió el alza al explicar que una vez que subió el salario mínimo vital a $ 240, los funcionarios de alto rango de todas las instituciones del Estado tienen derecho a incrementar sus remuneraciones, hasta un poco menos de $ 6.000.
La decisión del CJ de la semana pasada para incrementar los sueldos, se fundamentó en el mandato 2 de la Asamblea Constituyente, que determinó que los funcionarios de alto rango del sector público no podrán tener un salario superior al del Presidente de la República, cuyo techo se fijó en 25 salarios básicos unificados (5.000 dólares).