QUITO
.- Los dirigentes empresariales tomarán mañana una decisión sobre la conducta de su delegado en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Felipe Pezo, y sobre la representante de ese mismo sector en la Comisión Técnica de Inversiones de la institución, Eva García.
Ambos son responsables de la aprobación de la adquisición de $ 550 millones en bonos por parte del IESS, concretada el viernes pasado. La operación había sido cuestionada por los empresarios, pues se dio en una coyuntura en la cual este Gobierno tiene una millonaria deuda con la Seguridad Social, la cual no tiene aún un cronograma claro de pago.
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De acuerdo con el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y de la Cámara de Comercio de Quito, Blasco Peñaherrera Solah, la reunión empresarial será en la Cámara de Comercio de Guayaquil a las 16:00. Y a esa cita han sido convocados Pezo y García.
Para Peñaherrera, la actuación de ambos funcionarios debería ser motivo de una sanción inmediata. En el caso de Peñaherrera, sostuvo que su posición personal e incluso la de la Cámara de Comercio de Quito, será la salida de los funcionarios. Sin embargo, explicó que el tema será analizado por todos los votantes para tomar una decisión en conjunto.
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Entre tanto, Édison Lima, del Frente de la Dignidad, de los Derechos Humanos y la Tercera Edad del IESS, también rechazó la actuación del delegado de los afiliados.
Según Lima, la inversión que hizo el Seguro Social no se ajusta a los principios de seguridad ni de rentabilidad. De acuerdo con el jubilado, esos recursos deberían tener mejores destinos como los préstamos hipotecarios que otorga la entidad y que tienen rendimientos de 9,3% y 9,5%.
Adicionalmente, han dirigido una carta a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores para solicitar que se tomen medidas para evitar que continúe la discrecionalidad en el tema de inversiones. Recordó que dependiendo cómo estas sean manejadas, se garantizan las actuales y futuras jubilaciones.
DUDA POR MONTO RECONOCIDO
Lima cuestionó además el monto de la deuda que las propias autoridades del Seguro Social están solicitando al Gobierno que cancele. De acuerdo con el presidente del Consejo Directivo del IESS, Ramiro González, lo que se adeuda por el 40% del aporte estatal a las pensiones jubilares desde octubre del 2008 sería de $ 666 millones pese a que en ocasiones anteriores el director del Instituto de Seguridad Social, Fernando Guijarro, había establecido que esa obligación era de $ 773,5 millones.