Celebremos al juez primero de Tránsito de Pichincha por hacernos confiar en la justicia que sanciona a los culpables y exculpa a los inocentes. Su lucidez intelectual, gramatical y jurisprudencial –evidenciada en las providencias y sentencias del proceso que se sigue por la muerte de Natalia Emme, ocasionada por un vehículo de la Fiscalía General del Estado en el que viajaba la esposa del Fiscal– hace honor a la vida. Gracias por tomar acciones valientes como la de suspender la licencia del conductor hallado culpable “mientras él permanezca en prisión”.
¡Cuánto derroche de sapiencia! Claro, mientras esté tras las rejas, ¿cómo puede manejar si no existen carriles exclusivos en la cárcel? Después de leer estos escritos, a mi edad, me ha dado ganas de estudiar jurisprudencia para contribuir al engrandecimiento de la patria. Sigamos: la agente fiscal pide la pena máxima (5 años) pero se sanciona la mínima (3 años). ¡Qué valor para reconocer el sufrimiento del victimario! Esta sí es una nueva justicia en que los ofendidos y sus deudos no cuentan pues, a la final, la víctima victimada está.
Sorprende que en el proceso no se hayan considerado como agravantes el uso indebido de un carril exclusivo, el exceso de velocidad, el abuso de poder oficial, la intromisión del Fiscal General, sino que, al contrario, se encuentren atenuantes que hacen meritorio el hecho de que el supuesto chofer se entregó voluntariamente. ¡Esto es genial! ¡Qué detallista! Este juez está revolucionando el Derecho y la lógica: acosado por la turba tras el accidente, el conductor se entregó y ese gesto obliga al reconocimiento público.
Gracias por denunciar el engaño de los sentidos, pues en las tomas televisivas vimos que fue la intervención ciudadana la que detuvo al chofer-policía; pero no, la sagacidad de este juez probo halla que el acusado “pudo haber eludido su acción con la fuga o el ocultamiento” y no lo hizo. ¡Qué cordura! Ese juez de tránsito debe ser promovido a tribunales internacionales. Que alguna universidad lo premie como profesor honorario. Aceptemos para él la excepción de que gane más que el Presidente de la República.
El valor de una vida –algo que ha motivado siglos de filosofía– se ha dilucidado con la sentencia: 26 remuneraciones básicas por la muerte de la joven madre: 6.240 dólares norteamericanos que alcanzan y sobran para pagar misas a perpetuidad. Debemos reconocer solemnemente la independencia del juez, pues jamás influyó el desbarrar del Fiscal que declaró inocente a su cónyuge sin indagación de por medio. Demos gracias también porque este caso desnuda lo frágiles que son los vehículos de hoy día.
Quién va a comprar –¡ni siquiera familiares o allegados de los empleados de la Fiscalía!– el Grand Vitara con el guardachoque desprendido, la carrocería hundida y el capó descentrado con englobamiento, la luz delantera desalojada y quebrada, el radiador desplazado hasta las aspas del ventilador; aunque con 4.000 dólares se repara el auto –según los peritos–, un poco menos de lo que ha sido tasada la vida de Natalia. Si la esposa del Fiscal General continúa usando autos oficiales, ojalá que le den uno resistente a los peatones. Decisiones como esta del juez primero de Tránsito de Pichincha nos exoneran de pensar que algunas sentencias de nuestra justicia son realmente vomitivas.
