La disputa por explotar o no petróleo en la Amazonía ecuatoriana no se termina en la reserva Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT).
Al suroriente del país, en las provincias de Pastaza y Morona Santiago, hay 11 bloques que aún no han sido explotados, pero que están en los planes de Petroecuador y del Gobierno.
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La ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, dice que no hay restricciones para la extracción de crudo en esas zonas. Los grupos ambientalistas se oponen.
Ubicado en una de las zonas más biodiversas y poco exploradas de la selva ecuatoriana, el eje estructural Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT) no es por sí solo la manzana de la discordia entre quienes defienden la no explotación petrolera y quienes la impulsan.
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Además del ITT, once bloques petroleros –de 200 mil hectáreas cada uno, ubicados al suroriente del país– están en disputa dentro del Gobierno.
¿Por qué la discusión? En el peor de los escenarios, los doce bloques esconden en sus entrañas 1.200 millones de barriles de crudo en reservas posibles. En el más optimista, ese recurso puede alcanzar o superar los 1.500 millones de barriles.
De ese volumen, celosamente cuidado por la naturaleza, el 78% está en el ITT y el resto en los once bloques restantes.
El ITT, sin embargo, es el único bloque que cuenta con una certificación internacional de sus reservas posibles. Lo emitió el Beicip-Franlab, una consultora del Instituto Francés del Petróleo, en el 2005. La cifra determinada fue de 938 millones de barriles.
Es la magnitud de esos recursos fósiles y la contaminación que causaría su extracción lo que motivaron a la comisión de defensa de la propuesta Yasuní-ITT (que busca dejar el crudo bajo tierra) a incluir en su campaña a todo el suroriente ecuatoriano, señaló Roque Sevilla, ex presidente de la comisión.
Para el Gobierno, ese compromiso es desproporcionado. Pero Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente y uno de los promotores de la moratoria petrolera, recuerda que en el plan de Gobierno, elaborado en el 2006, estaba previsto dejar el 40 % del territorio nacional con bosques. “Hay que comprender la moratoria petrolera en el centro y sur de la Amazonía para abordar la iniciativa ITT”, dijo.
La ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, aclaró que las áreas que están fuera de las zonas protegidas o intangibles no tienen restricción. Los once bloques, por tanto, están a libre disposición del Estado. Según la información oficial, al suroriente –en las provincias de Pastaza y Morona Santiago– están los bloques 25, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 41.
Luis Calero, abogado del sector, explica que los planes de extracción de las petroleras, incluida la estatal, son legítimos.
“Que una vez extraído haya una mala distribución de la riqueza es otra cosa, pero de ahí a negarse a la extracción es muy extremista”, opinó.
Petroecuador también ha planteado explotar el suroriente.
A mediados de diciembre, cuando el mandatario, Rafael Correa, lideró un taller petrolero, el presidente ejecutivo de Petroecuador, contralmirante Luis Jaramillo, le planteó la explotación de los campos del suroriente para alimentar la nueva refinería del Pacífico, que se construye en Manabí, en asociación con Venezuela.
En una entrevista concedida a EL UNIVERSO a finales de diciembre, Jaramillo dijo que la respuesta del Jefe del Estado fue ‘sí’.
Para lograr el visto bueno de Correa, los marinos que manejan la estatal le argumentaron que no es posible importar crudo para refinar, cuando en el país existen bloques con alto contenido de recursos petroleros por explotar.
Así empezaron la explicación: el bloque 25, ubicado en una zona adyacente a la cordillera de Cutucú, por ejemplo, contaría con 50 millones de barriles de reservas posibles. Los trabajos de sísmica requerirían de $ 13,54 millones, en un lapso de doce meses.
El bloque 26, ubicado en el centro de la cuenca Oriente, albergaría 30 millones de barriles y su costo en sísmica bordearía los $ 8,31 millones, en ocho meses. Mientras que el 41, que sería la continuación sur el eje estructural ITT, escondería 40 millones de barriles. Ahí la sísmica demandaría de $ 11,20 millones en diez meses de trabajo.
A esas posibilidades se suman, según Petroecuador, 200 millones de barriles de crudo en reservas posibles que tendría el suroriente ecuatoriano.