“¿Que militares y policías estaban en las calles contra la delincuencia? ¿Cuándo?”, se pregunta una joven moradora de la cooperativa Paquisha, en la parroquia Pascuales, una de las zonas más peligrosas de esta localidad por la presencia de delincuentes que asaltan a transeúntes.
“Con o sin policías y militares en las calles, la situación es la misma, los robos no paran”, fustiga un conductor de bus de la cooperativa CTP2, sobre el estado de excepción decretado por el Gobierno para Guayaquil, Quito y Manta, a fin de combatir la delincuencia.
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Al sur, en el Guasmo, por la cooperativa Reina del Quinche 2, un grupo de seis moradores cuestiona los operativos porque “no estaban bien hechos y no hubo planificación”. Las patrullas iban por la vía asfaltada que circulan los buses y no ingresaban por las calles de tierra, se quejan. Precisamente en una de ellas, los delincuentes atacaron a una mujer la noche de fin de año y en la misma zona murió otra joven por un disparo.
La coordinación para los patrullajes en la ciudad se la manejó directamente desde el Comando Provincial de Policía, desde ahí salían todos los días equipos integrados por militares, policías y miembros de la Comisión de Tránsito del Guayas, previa planificación en reuniones, justifican los jefes de las unidades de vigilancia Norte, Pascuales y Sur. Pero no todas esas dependencias estaban al tanto de la coordinación.
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En la Unidad de Vigilancia Norte (UVN), los miembros de esta oficina debían estar pendientes de la central de radio para saber a qué hora y en dónde estaría el grupo de control para apoyarlo. En varias ocasiones el jefe del área, Franklin Merlo, dice que acudió personalmente a verificar los lugares y que pidió a los uniformados que alternaran los operativos a diversos sitios, porque en algunas ocasiones los encontró “solo en San Felipe”, uno de los seis sectores que tiene a su cargo.
El Jefe de la UVN, quien asumió el cargo un mes después de iniciado el estado de excepción, afirma que en ninguna ocasión fue convocado a reuniones de coordinación en el Comando.
No obstante, el jefe policial, al igual que sus similares en la Unidad de Vigilancia en Pascuales y en el Sur, califica de exitosos los operativos. “La presencia de los grupos en las calles fue un apoyo de impacto psicológico que obligó a frenar a los delincuentes o buscar otros espacios”, refiere Santiago Rosero, jefe de la UVS.
En efecto, los delincuentes buscaron otros sectores para delinquir, porque las cifras de delitos durante el estado de excepción no registraron mayores cambios y en algunos casos más bien repuntaron.
En el robo agravado, por ejemplo, de 565 casos en septiembre subió a 665 en octubre cuando se inició el estado de excepción, en noviembre bajó a 653, pero en octubre repuntó a 827. En robo de vehículos y motos, de 353 en octubre bajó a 288 en noviembre y subió a 314 en diciembre. Mientras que el número de unidades recuperadas en ese mismo periodo es de 41, según el balance policial en las tres ciudades.
La Policía señala que se detuvo a 1.293 personas y se desarticularon 28 bandas: 15 en Quito, 10 en Guayaquil y 3 en Manta, sin especificar quiénes eran los integrantes, si tenían antecedentes o si entre ellos habían algunos de los más buscados.
El grupo de vecinos de la cooperativa El Quinche 2 cree que los uniformados hicieron algunas detenciones solo para justificar los operativos. Lo dicen porque en ese sector aprehendieron a personas que, incluso, tenían documentos. “Había un grupo de borrachitos y los llevaron”, comenta un morador.
Una percepción similar tienen víctimas de la delincuencia en Quito, donde según el Distrito Metropolitano, se realizaron 3.240 operativos conjuntos. Pamela Albuja, de 25 años, a quien le robaron la cartera y el celular por dos ocasiones en tiempos de excepción, reclama porque la medida solo sirvió para cambiar el tema de seguridad de forma. “No puedo entender cómo el Gobierno subutilizó personal para solo retirar polarizados, detener a personas sin documentos y a uno que otro delincuente”, protesta.
A fin de dar mayor fluidez al plan, aquí, la toma de decisiones operativas concretas se dejó a los jefes policiales. Sin embargo, para ciudadanos como el el taxista José Haro, no fueron suficientes porque no se combatió el delito común.
Entre octubre y noviembre se registraron 415 vehículos como robados en la capital, según el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana.
En Manta, el panorama no fue diferente. Si bien el número de crímenes bajó, sin embargo, los delitos se mantuvieron.
El comandante cantonal de Policía, Julio Logroño, menciona que los efectos del estado de emergencia se notarán a partir de este año cuando se vean los resultados del cuerpo de inteligencia que se conformó mientras estuvo vigente la medida.
Que los militares se enfoquen a las tareas preventivas y los policías se dediquen a la investigación de delitos para capturar bandas y equipar a las unidades policiales fueron, entre otros, los objetivos planteados por el ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, al inicio de la medida.
Salvo por la llegada de grupos de oficiales para realizar cursos de ascenso a las unidades policiales en Guayaquil, la falta de personal, vehículos y comunicación es una de las principales falencias que no se superó. “La Policía no tiene la logística ni el recurso humano al ciento por ciento para rendir al ciento por ciento”, dice el jefe de la UVS al señalar que, mientras duró, la medida fue positiva.
En Quito, un día después de concluido el decreto de excepción, el estudiante de 19 años Dixon Chávez fue asaltado en el sector de La Marín, centro de la ciudad. Le robaron una laptop que llevaba en su mochila y $ 10 del bolsillo. “La presencia de militares y policías en este sector nos daba seguridad. Ahora todo volvió a la normalidad: robos todos los días”, dice.