La ácida disputa entre los medios de comunicación privados y la televisión, radio y prensa controladas por el Gobierno muestra una carencia de ciudadanía porque la gente de a pie no puede impedir ni detener esta contienda que no necesariamente la representa. Si en otros conflictos los contrincantes –Gobierno y maestros, Gobierno e indígenas, Gobierno y empresarios– han consensuado acuerdos puntuales, ¿por qué no es viable una franca conversación entre el Gobierno y los medios de comunicación privados para que los ciudadanos no seamos víctimas de un desperdicio de energías que hiere y perjudica al país?
Posiblemente esta guerra por el territorio informativo se da porque como sociedad no hemos debatido acerca de lo que entendemos por lo público. Para empezar, no se ha conseguido construir aún medios de comunicación públicos sino medios estatales con agenda en su mayor parte dibujada por el Gobierno, porque el ámbito de lo público implica obligatoriamente resistencia al poder y demandas que a veces rebasan las reglas del Gobierno de turno. Lo público, aunque pase por lo estatal, no se encapsula en el Estado; lo público es aquella esfera en la que todos juntos podemos compartir en algo el bienestar de una comunidad. Lo público es aquello que nos es común.
Por más que los ideales apunten a algo distinto, el Estado ecuatoriano sigue siendo un ente represor y explotador. Nuestros revolucionarios no han hecho más que acomodarse a las estructuras de poder del Estado. Y, aunque con frecuencia se denuncie, entre otros, a los poderes fácticos de la banca y de la prensa, no debe desconocerse que el Poder –el Gran Poder– lo ejercen el Estado y el Gobierno que lo expresan. Sin duda, alguna banca o alguna prensa puede caer en la manipulación; pero la gigantesca maquinaria de fuerza y control proviene finalmente del Estado.
Lo público pertenece a los ciudadanos sin partido, quienes están más interesados en terminar bien un día de agotador trabajo. Lo público no es propiedad del Estado ni del Gobierno; es pertenencia de la población. Y se llama público porque es del pueblo. Lo público es aquella autonomía para la acción que, aunque sostenida por el Estado, está más allá lo de oficial y que ha puesto la mira en intereses nacionales (esto es lo que hace públicas a las universidades). Lo público es la coincidencia compartida: los anhelos por mejor educación, mayores niveles culturales, mejor salud, más vivienda, mejores salarios, superior calidad de vida. Y esto no es una dádiva del Estado ni de su temporal Gobierno sino un servicio que a ellos se les exige.
Existe en las personas una dimensión que no se somete al Estado; a fin de cuentas, vivimos en uno que no ha dejado de imponernos tortuosos trámites, un Estado que no atiende debidamente a todos los sectores sociales, un Estado que nos hace perder el tiempo, un Estado que no asegura tranquilidad. Los ciudadanos debemos reservar para nosotros lo público, pues es lo común no afectado forzosamente por ninguna adscripción partidaria o ideológica. La del presidente Rafael Correa es una función que –aunque resguardada por el aparato del Estado– debe encarnar lo público: aquello que puede ser común a mayorías y minorías.
