Cuando Roberto Yamberla tenía 5 años vio con asombro como brotaba el agua de una llave. Era novedad porque para conseguir el líquido debían caminar horas hasta llegar a unas quebradas en donde llenaban los barriles y baldes.
El agua llegó hace dos décadas por tubería después de 25 años de gestiones, de mingas que hacía su padre, José Antonio, con la comunidad de Agua Longo de Paredes, en el cantón Antonio Ante, en Imbabura.
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“Nuestros padres trabajaron mingas de dos kilómetros, sudaron buscando el trayecto para conseguir agua. Abrían la calle para colocar los tubos y mangueras. Cuando al fin llegó el líquido hubo una fiesta, era un logro”, relató Yamberla.
Su padre, quien hoy tiene 58 años, siempre le recuerda esa historia y lo difícil que fue conseguirla. “Las nuevas generaciones no entienden el valor del agua y lo que nos costó”, dijo.
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De este proyecto se benefician actualmente 1.265 personas. Cada mes pueden consumir hasta 10 m3, es decir 10 mil litros que cuestan $ 2,50.
La administración de la junta de agua es comunitaria y allí se toman las decisiones. Ellos mantienen el sistema con los recursos que colectan.
Yamberla, ahora es el presidente de la Corporación de Comunidades Independientes del cantón. Hoy siente preocupación por la intención del Gobierno de regular el sistema que construyeron sus padres a través del proyecto de ley de recursos hídricos. “Porqué van a regular, si nosotros lo manejamos bien, pagamos lo que tenemos que pagar”, afirmó.
Él, es uno de los dirigentes, quien junto a las organizaciones que integra la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) llegará a Quito el 28 de este mes para protestar por la propuesta de ley que -considera- le arrebatará a su comunidad el agua que les costó conseguir.
La Conaie ha identificado en ese proyecto inconsistencias. Una de ellas es la que abre la puerta a una privatización del agua, limita la participación de los usuarios en la toma de decisiones sobre la gestión; no hay una autoridad única porque se delegan funciones a otros ministerios como el de Ambiente, se cambian las concesiones por permisos, entre otros puntos.
Para Humberto Cholango, presidente de la Ecuarunari (filial de la Sierra de la Conaie), el Gobierno, pese a que anuncia lo contrario, no ha tenido intención de dialogar. Desmintió que se den acercamientos con el régimen a través de una comisión que se integró con la Conaie, según el Ministerio Coordinador de la Política para analizar los proyectos de ley a través de comisiones de diálogo.
El ex presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, ha acompañado a los indígenas en sus concentraciones advirtiendo de las consecuencias que traería el proyecto.
Para Acosta, la propuesta del Ejecutivo privilegia a la minería por encima del turismo y actividades culturales.
“Para extraer una tonelada de cobre en la Cordillera del Cóndor se requieren de 30 mil a 80 mil litros de agua y para una onza de oro en Quinsacocha (Victoria del Portete, en Cuenca) 8 mil”, aseguró en sus discursos ante las comunidades.
El presidente Rafael Correa en una de sus cadenas sabatinas condenó la oposición al proyecto. “Siempre nos hemos opuesto a la privatización del agua. Qué pena que Alberto Acosta se preste para eso”, dijo.
Para el secretario nacional del agua, Jorge Jurado, la importancia política del recurso radica en que existen en la Costa unas 5.900 juntas que tienen a su cargo el abastecimiento del agua para el consumo humano en provincias como Guayas, Manabí, Santa Elena y el Oro.
En la Sierra hay 47 mil entre juntas y directorios de agua que abastecen a más de 2’500.000 agricultores.
“Aquí está la verdadera importancia de una gestión adecuada del agua, los municipios no tienen la capacidad para dotar del servicio, especialmente, en el sector rural y urbano marginal”, afirmó el funcionario.
Las juntas de agua de consumo surgieron en la década del 60 como respuesta a la falta de cobertura de las empresas municipales, aseguraron las autoridades de las juntas.
La Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional inició la socialización del proyecto de recursos hídricos. Los indígenas aguardan porque también se trate su propuesta.
Privatización
Según la Conaie y el Proyecto Andino del Agua, en el art. 3 literal 3, del proyecto de Ley de Aguas se abren las puertas a que las empresas puedan convertirse en mixtas.
Concesiones
La figura por la que se reemplazan son los permisos de uso que, según los indígenas, abren la posibilidad para que por decisión presidencial se pueda cambiar el orden de prelación de autorizaciones de uso para actividades mineras o cualquiera que sea considerada de interés nacional por el Jefe de Estado.
Contaminación
Según las organizaciones, se permite la afectación de fuentes de agua que privilegia la minería (foto) por sobre otros usos y no se sanciona la contaminación del agua.
Autoridad única
Además indican que no existe autoridad única, hay un cruce de funciones y competencias, por ejemplo, para la rectoría del Sistema Nacional de Áreas protegidas, Patrimonio Forestal del Estado y Bosques Protectores se delega al Ministerio del Ambiente.
Participación
El Presidente es el que establece la política del agua y se limita la participación de los usuarios en los consejos de cuenca y las juntas de agua y de regantes.
Servicio público
No se incluye en el saneamiento el manejo de desechos sólidos.
