Pagando 15 dólares por un curso de tres días, en grupos que forman en sus planteles o viajando horas desde la zona rural a las ciudades, los maestros fiscales del país se autocapacitan para la evaluación obligatoria que se iniciará el 25 de mayo próximo con el 25% de los 122.000 docentes.

Sin embargo, no ocultan su disgusto porque el Ministerio de Educación no ha promovido a lo largo de casi dos décadas cursos de actualización. Maritza Florín, directora de la escuela Pedro J. Menéndez, de El Empalme (Guayas), pone como ejemplo que el pasado año lectivo la capacitación para el uso de los textos gratuitos llegó a su escuela en noviembre y no en abril, al inicio.

Mientras, ayer, el presidente Rafael Correa respaldó a su ministro de Educación, Raúl Vallejo, para quien la UNE pide la destitución. Correa ratificó que la evaluación al magisterio nacional se hará.

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Son las 15:45 en Guayaquil. Es 12 de mayo, a trece días de  que en el país se inicien las evaluaciones a los maestros en servicio, cinco de los seis que laboran en  la escuela fiscal  Antonio Sánchez Granados se preparan. Es vespertina y a la media tarde, cuando los 127 niños que ahí estudian salen al recreo, ellos  aprovechan el tiempo para revisar los múltiples cuestionarios que serían incluidos en la prueba  que, según la programación del Ministerio de Educación.

Nelson Vargas,  abogado que tiene 38 años en el magisterio,  es director de la escuela y a la vez  profesor en cuarto año de básica, cuenta que han resuelto los cuestionarios. Lo hacen por las  tardes y, a veces, cuando queda algún tiempo libre, por las mañanas. No pueden quedarse a estudiar por las noches en la escuela porque en el sector (Rosendo Avilés, entre Esmeraldas y José Mascote, en el suroeste) hay muchos delincuentes.

Según ellos, las evaluaciones no están complicadas, pero sí se preocupan cuando analizan que la calificación no solo dependerá de la prueba externa, en la que expondrán conocimientos específicos (30%), pedagógicos (10%) y de habilidades didácticas (10%), sino de la interna. La razón, refiere la maestra Susana Poveda, quien tiene 37 años en el magisterio, es que serán calificados por alumnos y padres de familia, entre los que cree habrá personas para  quienes el profesor  exigente es ‘malo’. Esa parte de la prueba es la interna, que se sumará a la calificación que les den directores y compañeros de labores y que equivale al 50%.

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Pero es optimista cuando recuerda que, entre noviembre y enero pasados, él junto con 700 compañeros hicieron un curso de lectura crítica en la universidad Ecotec, de Guayaquil, y obtuvieron un promedio de 8,5/10, calificación muy buena para Gilda Alcívar García, decana de la Facultad de Marketing y Comunicación de esa entidad, que estuvo al frente de  la capacitación que  financió el Ministerio, aunque aún no termina de cancelar en su totalidad.

Esta experta en comunicación dice que por el  alto nivel en los cursos los maestros  terminaron satisfechos. “Lo que se concluyó con los capacitadores fue que, aunque había ciertas falencias, se cubrió la mayoría porque los asistentes tenían deseos de aprender. Vimos  a profesores ávidos de capacitarse”, refiere.

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Hubo maestros que alcanzaron 3, pero aclara que no fue por bajo rendimiento, sino porque solo asistieron dos semanas a clases. Ese seminario es el único que, en Guayaquil, han recibido los maestros en unas dos décadas. Para muchos, la última vez que asistieron a una charla, del Ministerio de Educación, fue en 1998, por la reforma curricular.

Las deficiencias en capacitación por parte del Estado, de la que se quejan docentes urbanos y rurales, jóvenes y adultos, si bien ha incidido en su rendimiento, han sido combatidas con la autopreparación. Eso se evidenció en la evaluación voluntaria del año pasado (similar a la del 25 de mayo). Ahí, el 56% tuvo una nota de bueno; el 8%, excelente; el 10%, muy bueno, y el 26%, insatisfactorio, según la ONG Contrato Social por la Educación. Su director, Milton Luna, dice que, en términos generales, estos datos reflejan que “hay problemas evidentes pero no tan dramáticos”.

Indica que por eso no se justifica la oposición tan cerrada de la UNE al actual proceso de evaluación. “Lo que eso hace es generar un rechazo de los padres de familia en perjuicio de la profesión docente y eso es peligroso porque daña la imagen social del país. Lo importante sería que todos se sumen a esta iniciativa”.

Nila Velázquez, directora de la Fundación EL UNIVERSO, que organiza permanentemente seminarios dirigidos a los maestros, destaca que si bien estos “presentan deficiencias, tienen interés por capacitarse”.

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Estela Benítez, coordinadora de la Fundación Leonidas Ortega, que la semana pasada organizó un seminario de tres días sobre teorías del aprendizaje y didáctica al que asistieron 700 maestros (el 90% de escuelas fiscales), dice que  si alguna vez los profesores reciben charlas del Ministerio estas no son de calidad, y los maestros no son tratados como profesionales, pues  los llevan a centros antipedagógicos. Eso hace que no se sientan motivados a asistir.

A la capacitación de la Fundación, impartida por Pablo Silva, de la Corporación Pedagógica Saber Siglo XXI,  llegaron Virginia Ibarra Mendoza y  Wilmer Sánchez, maestros de la escuela  Carlos Coello  del recinto Cancahuita,  zona rural de Santa Lucía, Guayas. Entre martes y viernes pasados, ambos  terminaron las clases a las 12:00 para ir a  Guayaquil, después de  tomar un bote, de caminar 2 km, tomar una camioneta y al final dos buses.

“Nosotros sí hacemos patria, nos sacrificamos por la educación. Todos los días salgo a las cinco de la mañana de mi casa, en el Cristo del Consuelo (Guayaquil) y llego a las cuatro de la tarde. Eso también deberían tomar en cuenta para evaluarnos”, dice Sánchez, quien es licenciado en Ciencias de la Educación y labora ahí hace quince años.

“Ojalá el señor ministro de Educación (Raúl Vallejo) o los dirigentes de la UNE supieran lo que aquí se sufre”, recalca la mujer, quien –como todos los asistentes– pagó $ 15 para que la preparen para la evaluación.

Estela  Benítez señala que los docentes que acudieron al aprendizaje estaban preocupados por la evaluación, sobre todo los de mayor edad. Por eso considera que el  Ministerio debió darles la oportunidad de jubilarse a todos aquellos que tienen hasta medio siglo de labores.

Una de estas personas es Dalinda Cedeño, docente de la escuela Oswaldo Guayasamín, de Quevedo, en Los Ríos, licenciada en Ciencias de la Educación, con 33 años en el magisterio. Ella reclama respeto para su carrera docente  y se queja, como lo hacen sus otros compañeros, porque el Estado no los ha capacitado permanentemente.

 “Somos maestros que hemos pasado la vida educando a la juventud y se nos van agotando las neuronas, y por eso nos preocupa que podamos fallar. Mejor que nos jubilen y no nos pongan a arriesgar años y años de servicio”, dice la maestra.

Con ella coincide María Elvira Gaibor, vicerrectora del Instituto San Miguel, de Bolívar, quien expone dos cuestionamientos al proceso del Ministerio.  
Si se toma en cuenta que el 70% del magisterio lo integra personas que tienen como mínimo 25 años de servicio, ese sector puede tener problemas al momento de la prueba, porque “el paso de los años hace que el maestro vaya perdiendo la capacidad de razonamiento lógico”, sostiene.

Otro aspecto, considera  ella, es la politización del caso, “pues hay temor de  que el Gobierno tenga un ejército de profesores de su línea listos para reemplazar a los que no califican”.

Esa preocupación también es de José Pinela y Segundo Guerra. El primero lleva 22 años en el magisterio y tiene una maestría. Labora en la escuela Oswaldo Guayasamín, de Quevedo. Guerra tiene 69 años, 48 dedicados a la docencia, aunque es profesor fiscal solo desde 1987 en la escuela 11 de Mayo de El Porvenir, Guayas.

“No es justo que nos digan que quien no completa los puntos se queda como a un supletorio durante un año y si no cumple, estará fuera. Eso sí es una represión. Si el Gobierno tiene compromisos con su gente, que mejor nos pida la renuncia voluntaria y listo”, comenta Pinela.

Es más, Guerra cuenta que incluso buscó, sin éxito, acogerse al proceso de venta de renuncias que impulsó este Gobierno hace dos años. “He hecho patria en el campo, he enseñado a cientos de niños. Mis alumnos son profesionales y me reconocen, pero el Estado no toma en cuenta y con estas pruebas parece que me quieren botar”, asegura el septuagenario, quien cada día sale de Palenque a las cinco de la mañana y viaja casi dos horas para dictar clases a tres grados.

Sonia Santos, en cambio, se siente capacitada para la evaluación. Tiene dos licenciaturas, una en Ciencias de la Educación y otra en Comunicación Social. Es directora de la escuela Aurora Estrada del recinto Tres Postes, cantón Jujan, Guayas. Junto con seis compañeros educa a 315 alumnos y dice que todos están de acuerdo con la prueba.

“Yo expuse eso en la reunión cantonal de la UNE y el pasado lunes (cuando hubo marchas contra las evaluaciones en el país) nosotros dimos clases”, recalca Santos, quien rechaza que a los docentes se les diga que son ineptos y por eso se niegan a dar las evaluaciones. Pero ella exige que los dirigentes de la UNE y el Ministerio de Educación faciliten dos partidas docentes aprobadas para que dos grados no tengan 60 alumnos cada uno.

Los directivos de la UNE dicen no al proceso, establecido mediante Acuerdo Ministerial 0025-09 del 26 de enero del 2009 y  basado en el plan de reforma curricular vigente desde 1996. Lo consideran lesivo al magisterio y piensan que va a dejar fuera a cientos  de maestros que serían reemplazados por militantes del Gobierno.

Entre los aliados al régimen están los más de 4.000 profesores que integran el Frente de Educadores Eloy Alfaro Delgado, dirigido por Rocío Castro, ex directora provincial de Educación en Guayas. Ella afirma que la intención no ha sido aglutinarse en ese frente para “buscar un puesto”, sino que sea un frente propositivo, que busque capacitación. Ella, una de las líderes de PAIS en Guayaquil y candidata a la Asamblea Nacional, sostiene: “Yo les doy una orientación, que se alineen en una línea política no de derecha, sino de izquierda”. Al referirle que con la presencia de PAIS la política seguirá vigente en el magisterio, dice que no se habla de “despolitizar la educación, sino de  despartidizarla, que no le pertenezca  a ningún partido”.

Cifra

122.272
Maestros  que prestan sus servicios al Ministerio de Educación hay en el país.

5.514
Profesores se han jubilado desde el año 2006. Solo 700 nombramientos ha otorgado el Ministerio a nuevos.

600
ha entregado de las 12 mil que ofreció en el 2007.