Los habitantes de la parroquia Santa Rosa, en el cantón El Chaco (Napo), dicen que nunca antes habían cogido  truchas  de 20 libras de peso, como las que ahora han hallado muertas en los ríos Santa Rosa y Quijos.

“Generalmente se  pescan  truchas de seis libras, porque las más grandes vivían en lo profundo del agua”, comenta José Cachago, un  agricultor de la zona. Él  lamenta que esos peces, que siempre lograban huir de las redes de los pescadores,   no hayan podido escapar esta vez de la mancha negra que dejó en el río el derrame de 14.000 barriles de crudo del OCP, descubierto el 25 de febrero.

Además de la fauna acuática, decenas de especies como patos y cabras silvestres también fueron encontradas sin vida en las riberas del río. Un informe del Municipio de El Chaco señala que 3.000 animales de las 150 fincas pecuarias (de 120 familias)  están en riesgo por la contaminación del agua y el suelo, que también ha afectado a 160 familias  dedicadas al  sembrío de tomate y naranjilla.

José Cachago, por ejemplo,  teme perder las 5.000 plantas de tomate de su invernadero, a 500 metros del sitio del derrame.  Tras el siniestro, dice, su plantación comenzó a secarse y ahora trata de recuperarla con una mezcla de leche, azúcar y químicos que le recomendó un amigo, porque hasta ahora ningún técnico del OCP ha ido a  analizar su situación.  “Los del OCP están más interesados en recuperar el crudo que en remediar los daños; ya nos dijeron que no nos iban a indemnizar”, indica. Acota que los trabajadores de la petrolera construyeron pozos  en las propiedades  agrícolas para colocar el crudo recuperado,  lo cual temen que cause daños en su salud por el  mal olor que desprenden.

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Mientras, otras 273 familias fueron perjudicadas  por el cierre de tres operadoras turísticas que usaban los ríos Santa Rosa y Quijos para la práctica de deportes extremos.  “Son ríos mundialmente conocidos para hacer  rafting  y ahora están llenos de crudo”, reclama Julio Pérez,  alcalde de El Chaco y quien denunciará  al OCP por  daños ambientales.

Su anuncio se suma al que hizo la Alcaldesa de  Orellana (en la provincia del mismo nombre) de demandar penalmente a la petrolera por la contaminación del río Coca, de donde se obtenía el agua potable para los 30.000 habitantes del cantón. “La planta potabilizadora está paralizada porque se halló hasta  0,67 miligramos de crudo por litro  en el río”,  informa  Rivas, quien cuenta que cuatro niños quichuas están enfermos por haberse bañado en esas aguas.

Delfín Ordóñez, director de Medio Ambiente de ese Municipio, indica que la fauna acuática del Coca ha desaparecido. “Es posible que haya migrado, pero eso se verá  en el informe del impacto ecológico que haremos más adelante”, señala el funcionario. Refiere que por ahora están concentrados en  rehabilitar la planta potabilizadora, para lo cual  se cortará la vegetación de las orillas del río, donde se ha impregnado el crudo. “No hay forma de sacar las manchas de esas áreas y por eso es mejor deforestarlas”, dice.

Según una resolución del Ministerio de Ambiente,  además de la limpieza de la zona, el OCP debe encargarse  de la recuperación integral de las áreas afectadas y de resarcimiento económico a los perjudicados.

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Daños ambientales
A la diversidad
La zona del derrame se ubica entre las áreas protegidas de Cayambe, Coca y Sumaco. Hace 30 años era considerada uno de los lugares con mayor diversidad de anfibios en el mundo, riqueza que se ha ido perdiendo por la construcción de los oleoductos.

A la salud
El petróleo es una sustancia tóxica que se acumula en los tejidos vivos y provoca daños genéticos y cáncer. Puede permanecer en los sedimentos de los ríos por unos diez años.