Rafael Correa Delgado encontró un modo genial de compensar la falta de dinero por la caída del precio del petróleo. La plata ya no saldrá de los pozos de la Amazonía sino del bolsillo de los trabajadores afiliados al Seguro Social; y por supuesto, las empresas que extraerán esa riqueza ya no serán la Oxy o Repsol sino el Banco del IESS (demagógicamente llamado Banco del afiliado) que Correa, Fernando Cordero y Betty Amores están por fabricar.
Fíjense en estas perlas (las citas entre comillas son textuales del proyecto):
El Banco de Correa (o Bancorrea, para abreviar) invertirá en “proyectos estratégicos públicos y privados”. El desarrollo de la aviación es un proyecto estratégico. ¿Se imaginan qué pudo ocurrir si esta ley se aprobaba antes de la quiebra de Saeta o de Ecuatoriana de Aviación?
Bancorrea también podrá prestarles a los asegurados al sistema de seguridad social “a través de intermediarios financieros” (léase a través de banqueros corruptos). Si esta ley se aprobaba antes de la quiebra del Progreso o del Banco de Préstamos, hoy el IESS estaría en manos de la AGD.
También podrá comprar “cartera hipotecaria de las instituciones financieras… evitando riesgo moral”. Es precisamente lo que hicieron los bancos norteamericanos en quiebra: compraron cartera hipotecaria para solo después descubrir que era basura.
Bancorrea no rendirá cuentas a nadie sino al Presidente de la República, que controlará un directorio de solo tres miembros. Ni los hermanos Isaías, que también son tres, se atrevieron a tanto.
Tendrá un capital inicial de 200 millones de dólares y podrá aumentar su capital todas las veces que quiera sin necesidad de que el IESS lo autorice, pero será el IESS quien arriesgue el dinero en todos los casos.
Bancorrea no podrá utilizar los fondos del IESS “para financiar operaciones de gasto permanente del Fisco”; por lo tanto, hay que entender que sí podrá financiar operaciones de gasto no permanente. Si por algún motivo no alcanza el dinero para pagarles a los empleados públicos, presto Bancorrea se caerá con la plata.
En Bancorrea, además de su sueldo, los directivos de la institución podrán recibir incentivos que premien su desempeño. A los funcionarios de la Procuraduría casi los meten presos por esa clase de beneficios.
Bancorrea, en cambio, “no efectuará reparto de utilidades” a sus trabajadores.
Por último, Bancorrea no pagará utilidades “en todo o en parte, a su propietario”, el IESS, que habrá invertido un montón de dinero para que otro se divierta.
Así que allí tienen, los trabajadores asalariados pondrán 200 millones de dólares (después tendrán que poner más, sin que nadie les consulte), para que un directorio manejado por el Presidente de la República les preste plata a los banqueros o les compre cartera morosa. También podrá prestarle dinero para caja chica al Gobierno central. A cambio, ni los empleados ni los legítimos dueños recibirán un solo centavo de utilidad. Los únicos que sí recibirán incentivos serán los directivos de Bancorrea, que recibirán premios por buena conducta.
Los jubilados, que se oponen a esta pesadilla, han convocado a una marcha para el 26 de marzo. Leyendo el proyecto de Correa, solo me queda desear que les vaya bien.
