Tras la aprobación del texto constitucional que irá al referéndum, las relaciones entre el Gobierno y la cúpula de la Iglesia atraviesan por un momento tenso. Esto, pese a los diálogos que ambos habían mantenido previamente.
De cumplirse lo anunciado por la cúpula de la Iglesia católica, hoy empieza en los templos la denominada “gran catequesis”, antes del referéndum constitucional del 28 de septiembre.
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La Conferencia Episcopal Ecuatoriana dijo que hablará a los fieles sobre algunos contenidos del proyecto de Constitución que “son rechazables para una conciencia cristiana, que no son negociables”.
El presidente Rafael Correa ha fustigado a la cúpula de la Iglesia durante esta semana y en los dos últimos enlaces radiales. Por su parte, líderes de grupos parroquiales se comprometieron a hacer campaña por el No.
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A lo largo de la semana, el presidente Rafael Correa ha fustigado a la cúpula de la Iglesia Católica porque esta declaró que algunos temas de la nueva Constitución están reñidos con su doctrina. A la par, los grupos pastorales ya se organizan para promover abiertamente el No en el referéndum.
En una campaña relámpago de quince días, en mayo pasado, la Iglesia católica recogió, en las calles y en las afueras de los templos, 700 mil firmas de respaldo de la feligresía a la propuesta de reformas constitucionales que llevaron a Ciudad Alfaro.
“Las firmas deben estar guardadas en algún archivo de papeles inservibles”, lamenta el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), monseñor Antonio Arregui, al referirse a la poca acogida que tuvieron sus pedidos en el seno de la Asamblea pese a las promesas de la mayoría de PAIS y del propio presidente de la República, Rafael Correa, quien se ha declarado católico practicante.
De ahí que el lunes pasado, luego de su análisis del proyecto de Carta Magna, anunciaran el inicio de una “gran catequesis” para que sus fieles tomen nota de algunos contenidos del texto que “son rechazables para una conciencia cristiana, que no son negociables”.
El clero habla de ambigüedad en los textos del derecho a la vida y a las uniones de hecho (no especifica si se refiere también a personas del mismo sexo), la falta de garantías para la educación católica o el estatismo impregnado en todo el texto.
Admite, sin embargo, que la decisión de los creyentes estará apegada a sus convicciones o conveniencias personales.
La reacción de Correa fue inmediata. Y durante toda la semana, tanto en los actos públicos a los que asistió como en el enlace radial de ayer, los tildó de “mentirosos”, “desinformadores”, “curitas que sirven a los grupos de poder”; y cuestionó el “conservadorismo” de algunos grupos, como el Opus Dei (prelatura a la que pertenece Arregui) y la diferenció de la labor social que realizó monseñor Leonidas Proaño, conocido como el Obispo de los indios.
Y advirtió que los sacerdotes no pueden participar en la política, pese a que él mismo invitó al presbítero cuencano Fernando Vega para que encabece su lista de candidatos a asambleístas y al ex obispo de Cuenca, monseñor Luis Alberto Luna Tobar para que integre una Comisión de la Verdad (pero luego este se excusó).
Correa alegó la existencia de instrumentos internacionales suscritos entre la Santa Sede y el Gobierno ecuatoriano; estos son el Modus Vivendi y una convención, ambos de 1937.
El artículo 4 del Modus Vivendi señala que “la Santa Sede renueva sus órdenes precisas al clero ecuatoriano a fin de que mantenga fuera de los partidos y sea extraño a sus competiciones políticas”.
Pero el artículo 1 de la adenda de ese documento aclara que el texto anterior “de ninguna manera menoscaba la plena e incontestable libertad que asiste al clero para predicar, exponer y defender la doctrina dogmática y moral católica”.
Y precisamente conforme a esa disposición, el clero comenzó a hacer “lobby” a favor de su propuesta desde la instalación de la Asamblea, a fines de diciembre del año pasado.
Con el documento que ya habían entregado, meses atrás, a la comisión de juristas del Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup) que redactó un primer borrador de texto constitucional, se reunieron con el entonces presidente de la Constituyente, Alberto Acosta.
Cuatro meses después, una delegación de la Conferencia, encabezada por monseñor Mario Ruiz, presidente de la Comisión de Observación de la CEE para la Asamblea, tuvo una cita con la mesa 1 de Derechos Fundamentales que se hallaba en plena redacción de los derechos civiles (ahora llamados de libertad) entre los cuales consta el de la vida. Ruiz entregó a los asambleístas un texto más pulido que el del Conesup.
En la tercera visita, que se desarrolló en la Plaza Cívica de Montecristi, entregaron a Acosta las 700 mil firmas.
Ya dentro de la Asamblea, la Iglesia se apoyó en asambleístas cercanos a los grupos pro vida, como Diana Acosta y Rosanna Queirolo (ex de PAÍS), Anabella Azín (Prian) y María Cristina Kronfle y Cristina Reyes (PSC); y Zully Simmonds (alterna de Eduardo Maruri).
Miembros del clero indican que Rolando Panchana (PAIS) también tuvo acercamientos con la CEE por pedido de Correa quien, según asambleístas de oposición, estaba “desesperado” por incluir sus pedidos, tanto por su formación católica cuanto por las cifras de crecimiento de intención de voto por el No que mostraban las encuestas de Santiago Pérez, quien siempre le recordó el alto nivel de credibilidad que esta tiene: más del 60%.
Panchana asegura, en cambio, que nunca mantuvo contacto con los sacerdotes. Que todas las objeciones que puso a los artículos de la vida y de la familia respondían a sus convicciones.
Fue Panchana quien pidió ante el pleno de la Asamblea la reconsideración del artículo en el que no se especificaba que el matrimonio debía ser entre un hombre y una mujer. Finalmente, se hizo la precisión.
A la par de sus gestiones en la Asamblea, la CEE buscó a Correa, como líder de PAIS, para insistir en sus pedidos. Y almorzaron juntos a mediados de junio, según Arregui.
El obispo dice que el Presidente se comprometió a hacer cumplir el acuerdo interno de bloque en el que reconocían la vida desde la concepción, la mención de Dios en el preámbulo y negaban el matrimonio entre gays.
“Algo de eso cumplió, por ejemplo, antes en los derechos sexuales estaba la posiblidad de elegir el “género” (entendiéndose como tal la preferencia sexual), pero lo quitaron. El Presidente ordenó que todas nuestras observaciones se estudien y se resuelvan”, dice el obispo.
Para ello designó como enlace a dos funcionarios: el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera; y al ministro de Educación, Raúl Vallejo.
Con ellos hubo contacto telefónico y por correos electrónicos.
Y, de hecho, Mera envió a Galo Borja, jefe de bloque de PAIS, un mail en el que le advierte del riesgo electoral que implicaría no atender el pedido de la Iglesia sobre la vida.
Los afanes de Correa, sin embargo, chocaron con la oposición de asambleístas de su bloque, como María Paula Romo, Betty Tola, Betty Amores, Mónica Chuji y Amanda Arboleda, que defendían los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Para ellas, al igual que para el clero, esos puntos no eran negociables.
Al final, según los obispos del país, Correa cedió ante esas presiones internas.