“No vamos a permitir el manejo de las islas Galápagos a través de ningún ministerio”. La posición de los alcaldes de las islas San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela, que forman el consorcio de municipios de Galápagos, es tajante.
La reacción se da ante la propuesta de la ministra de Medio Ambiente, Marcela Aguiñaga, de crear un régimen especial para la región Insular de Galápagos con el argumento de que el 97% de la superficie terrestre es área protegida.
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“No vamos a aceptar que se maneje desde Quito ni desde ningún ministerio. Galápagos requiere de un manejo especial, pero también se exigen derechos para los habitantes”, dice Pedro Zapata, presidente del consorcio de municipios.
Los alcaldes señalan que el manejo de políticas de desarrollo y conservación debe estar en manos de la gente que vive en Galápagos y que la representa. “Lastimosamente se nos ha venido cuestionando a las autoridades y responsabilizando de lo que ha ocurrido, pero se trata de esconder la verdad”, expresa Pablo Gordillo, alcalde de la isla Isabela.
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El funcionario argumenta que el responsable ha sido el centralismo, porque ha manejado las islas durante 40 años a través del Ministerio del Ambiente, el Parque Nacional Galápagos, fundaciones y ONG controladas desde el continente, así como el gobernador y el gerente del Ingala que son nombrados por la Presidencia de la República. “Todos sujetos a las disposiciones del Gobierno central”, explica Gordillo.
Aguiñaga había sostenido la necesidad de un régimen especial para la región Insular a fin de proteger el ecosistema, lo que implicaría más restricciones para los habitantes. Incluso consideró la desaparición del consejo provincial, porque a su juicio en carreteras, por ejemplo, el único trabajo que tiene es en la vía que une el canal de Itabaca con Puerto Ayora.
Pero los insulares también cuestionan al Ministerio de Medio Ambiente por proteger lo que llaman el “oligopolio turístico” y responsabilizan a los empresarios como verdaderos causantes de la situación delicada en las islas.
De un promedio de 140 mil turistas que ingresan al año, 120 mil van a los barco-hoteles y no hay “ningún” beneficio para la población, señalan.
“Por qué el Ministerio de Medio Ambiente no responde cuánto dinero ingresa a las islas Galápagos por donaciones, apoyo externo, entre otros, y en qué se ha invertido”, cuestiona el alcalde Gordillo.