El superintendente de Telecomunicaciones, Paúl Rojas Vargas, ratificado en su puesto el jueves por la Asamblea Constituyente, resolvió duplicarse el sueldo de $ 4.150 a $ 7.990, una cifra muy por encima de lo que gana el actual presidente de la República ($ 4.250).

La subida salarial se oficializó el 21 de septiembre, a pesar de que en marzo pasado el mismo Rojas emitió una resolución en la que disponía que desde el 1 de abril del 2007 su sueldo y el de otros funcionarios de libre remoción se debían reducir a una escala entre $ 3.670  y $ 4.150.

Además, en la   resolución de septiembre, ordena que su salario y el del intendente, el procurador, el director general, el asesor institucional, el secretario general y el auditor general vuelvan a las escalas anteriores, es decir, entre $ 4.100  y $  7.990, y con “carácter retroactivo”, justamente desde abril.

Este hecho fue dado a conocer en el seno de la Asamblea, a través de una carta dirigida a Alberto Acosta, firmada por Aleczandra Villavicencio, funcionaria de carrera de la Superintendencia y ex miembro de la terna que aspiraba a esa entidad.

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Villavicencio pide en su carta que se revoque esa resolución y se reviertan los dineros al erario nacional.

En la misiva indica que “ha habido un inadecuado e insensible proceder de la máxima autoridad de control de las Telecomunicaciones, frente a la línea programática y ética del Gobierno”, y que la actuación de Rojas   carece de solidaridad con el conjunto de trabajadores ecuatorianos que sobreviven con $ 170 al mes.

Asegura, además, que esta situación ha causado malestar entre muchos trabajadores del organismo de control.

Sobre el tema, Rojas reconoce que se han tomado dichas medidas, pero asegura que está amparado en pronunciamientos oficiales emitidos por el procurador del Estado, Xavier Garaicoa, tras consultas que le hicieron tanto el ex superintendente de Bancos, Alfredo Vergara, como el de Compañías, Francisco Arellano.

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Según esos pronunciamientos exhibidos por el superintendente Rojas, el Procurador indica que el decreto ejecutivo 003, por el cual el Presidente de la República se bajó el salario a la mitad y  que ordenaba que ningún otro servidor público gane más que el Primer Mandatario, no aplica a las entidades autónomas.

Rojas asevera que con los altos salarios se busca garantizar la eficacia de sus autoridades y evitar actos de corrupción que podrían producirse si no tuvieran un sueldo adecuado.

Para Rojas, los altos salarios no deben ser considerados como privilegios de una burocracia dorada, sino un justo reconocimiento a las grandes responsabilidades que tienen en sus labores diarias.

Además, argumenta que un vicepresidente de una telefónica móvil privada llega a ganar 15.000 dólares con el mismo nivel de responsabilidades.

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Intendente
El intendente general de Telecomunicaciones, Ricardo Rivera, con el alza recibe un salario de $ 6.670,88, más un bono de residencia de $ 500.

Asesor
Marcelo Larrea, ex candidato presidencial por Movimiento Alianza Tercera República, y hermano del ex ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, es el actual asesor institucional, con un salario de $ 4.100.

Procurador
El procurador de la Superintendencia, Darwin Muñoz, quien explicó que todo lo actuado por la entidad ha sido legal, gana $ 4.100.