El candidato a asambleísta Santiago Guarderas refuta las declaraciones del presidente Rafael Correa de pretender disolver el Congreso Nacional, porque "el sistema no está sujeto al capricho del Ejecutivo".

Guarderas, quien fue diputado por la RED, explicó este viernes en diálogo con Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil) que "la Asamblea Constituyente, si bien tiene plenos poderes, no significa que es omnímoda ni soberana, los plenos poderes significa que tiene facultad ilimitada para construir una nueva Constitución Política del Estado".

Es por eso que indicó que la Asamblea Constituyente como instrumento del estado de derecho "tiene límites y limitaciones, su límite es la contrucción de la nueva Constitución que tiene por propósito modificar el marco legal del Estado, y limitaciones que son propias de las herramientas de la democracia como respetar las libertades y derechos individuales y colectivos; así como respetar la división de poderes que fue establecida con el propósito de hacer efectivos los principios de juridicidad, control y responsabilidad que son propias del estado de derecho".

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Añadió también que el Congreso "va a disolverse en el momento en que, a través del referéndum, se apruebe la nueva Constitución puesto que parece que hay un consenso entre todos los movimientos y partidos políticos de establecer un sistema bicameral".

Pero, aseguró, "eso no significa que se deje de juzgar y fiscalizar los actos de corrupción, pues el Congreso como institución no es el malo, los malos son los diputados que están en actos de corrupción, y por lo tanto esta denuncia que ha hecho el Presidente tiene que ser investigada por la Fiscalía General del Estado, la Contraloría y la Comisión Cívica de la Corrupción".

Por eso enfatizó que todo acto debe ser investigado seriamente pero no solamente quedarse en el escándalo de la denuncia sino llegar hasta las últimas consecuencias y sancionar, y que el Congreso debería autorizar su enjuiciamiento penal. En su última cadena radial el presidente Rafael Correa denunció a 18 diputados del bloque de Dignidad que pedían cambios públicos a cambio de votos.