Improvisados comedores se levantan a escasos metros de las urnas. Los delegados de las juntas receptoras del voto no encuentran un servicio higiénico limpio y deben soportar los olores de fritangas que se ofrecen en las peores condiciones higiénicas. Junto con eso, la gran acumulación de personas, inevitable hasta cierto punto, se agrava innecesariamente. En la parroquia Tarqui de Guayaquil, por ejemplo, una multitud gigantesca se ve forzada a acudir a las instalaciones de la Universidad de Guayaquil (insuficientes para un proceso así), a subir por escaleras estrechas y a enfrentar el gravísimo peligro de que algún día se produzca una catástrofe. Y no es el único caso.
Para corregir este desorden –que no llega a ser caos por el espíritu de colaboración de los ciudadanos–, habría que imponerle un mínimo de condiciones higiénicas a los informales, habilitar servicios higiénicos adecuados en cada recinto electoral, y evitar concentraciones exageradas, nada de lo cual implicaría un gasto mayor.
Hacerlo es obligación de los tribunales electorales nacional y provinciales, que tienen la autoridad suficiente para exigir la colaboración de otras instituciones como la CTG, Municipio, ministerios de Salud y Educación, o la Policía Nacional.
