Según un estudio de la Cámara de Industriales de Pichincha, la entrada ilegal de mercadería al país entre el 2000 y el 2004 significó más de 2.103 millones de dólares.
Hasta ahora, afirma Sebastián Borja, vicepresidente del gremio, el panorama se presenta sombrío en cuanto a proyectos para superar estos problemas y fomentar la actividad empresarial.
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“No advierto una propuesta clara por parte de los candidatos”, señala –entre tanto– Guillermo Pavón, presidente de la Federación Nacional de Industrias Procesadoras de Metal (Fedimetal). El dirigente reclama, al futuro gobierno, la posibilidad de que el sector privado participe en la contratación pública (sobre todo, en las áreas petrolera y eléctrica).
El sector metalmecánico se ha concentrado en mercados como El Salvador, Honduras, Brasil y Chile mientras su participación en el mercado nacional es limitada.
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Para los industriales, el costo de acceso a los servicios básicos, a los insumos de producción y a los trámites es otro dolor de cabeza.
Por ello, el Banco Central advierte sobre la necesidad de que el Estado lidere un proceso que permita igualar dichos costos a aquellos que enfrentan industrias similares en otros países. La intención: competir en igualdad de condiciones.