Irrespetar la fuente de origen de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (docencia, carrera judicial y libre ejercicio) vuelve más vulnerable el proceso de selección, según diputados de los bloques del PSC, ID y DP.

Para los legisladores sería grave que a última hora se pretenda dar cabida a presiones ajenas a la ley, pues eso motivaría a que cualquier persona argumente que se transgredió el precepto constitucional respecto al origen de los jueces, y facilitaría una manipulación de naturaleza política.

Luis Fernando Torres (PSC) recuerda que existe una ley que recoge  el principio constitucional respecto al origen de los magistrados de la CSJ, siempre bajo el supuesto de que vayan los mejores; pero si esta selección va a servir para que no vayan los mejores, se tendría que revertir el proceso de integración.

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Explica que si no se completa el cupo para los magistrados de carrera judicial, se tendría que reabrir parcialmente el concurso hasta completar el módulo que señala la ley y con eso se puede subsanar la pugna que se presenta por los magistrados de carrera judicial que no completan el cupo.

El legislador Guillermo Landázuri (ID) se manifiesta  partidario de que se respete el origen de las designaciones.

“No creo que le haría bien al proceso de selección que los 31 magistrados escogidos entren a la Corte por fuerza de la ley”, acota.

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El congresista advierte que si el Comité de Selección de magistrados da paso al Ministerio de la Ley, corre el riesgo de que la ciudadanía no acepte la designación de la nueva Corte y se ahondaría aún más la crisis del país.

El demócrata popular Ramiro Rivera dice que es cierto que la Constitución señala que los magistrados se deben seleccionar por el origen de las postulaciones, lo grave, agrega, es que por ese “cuoteo” accedan no precisamente los mejores, como también sucede con la cuota de género; pero no observar esa norma es dar nacimiento a una corte mucho más débil y frágil.

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Es preferible –añade– que la Corte que salga sea en virtud de lo que dice la Constitución y también la ley.

Advierte que sería grave que a última hora el Comité ceda a presiones ajenas a lo que establece la norma legal.