Cuatro congresistas de zonas con densa presencia de inmigrantes indocumentados coincidieron ayer en la necesidad de una amplia reforma de las leyes de inmigración en Estados Unidos.
Los cuatro se presentaron ante el subcomité de inmigración y seguridad en las fronteras de la Cámara de Representantes para hablar de cómo los flujos de inmigrantes ilegales ocasionan dificultades en los distritos electorales en varios estados de la nación.
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En la audiencia se dijo que había en Estados Unidos entre 8 y 11 millones de extranjeros indocumentados.
En lo que pareció ser la síntesis de las exposiciones, Stevan E. Pearce, republicano de Nuevo México, dijo que la magnitud del problema de la inmigración indocumentada en su jurisdicción era tan grave que los servicios públicos, tribunales y agencias locales, incluidas las de policía y centros penitenciarios, estaban al borde de la paralización.
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Henry Bonilla, republicano de Texas, informó que en lo va del año unos 146.000 inmigrantes no mexicanos han cruzado la frontera ilegalmente, filtrándose entre ellos miembros de pandillas y bandas de narcotraficantes que fácilmente pueden copar los pequeños departamentos policiales de la zona.
John Abney Culberson, republicano de Texas, dijo que un informe de la Federación para la Reforma de la Inmigración señaló recientemente que el costo de la presencia de inmigrantes ilegales en Texas es más de 4.700 millones de dólares al año en educación, medicinas y prisión, lo que hacía un promedio de 725 dólares por familia en el Estado.