Las petroleras ofrecen entregar menos de lo que les han solicitado las poblaciones amazónicas.
Las negociaciones para lograr acuerdos que permitan levantar el paro de actividades de Orellana y Sucumbíos, y revocar el estado de emergencia que rige para esas provincias, volvieron a suspenderse para hoy a las 09h00, en el Rancho San Vicente de la Policía Nacional.
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El diálogo se suspendió a las 19h30 cuando al sitio de las negociaciones llegó el representante de las empresas petroleras, René Ortiz, pero no tenía las contrapropuestas para responder los acuerdos iniciales logrados entre el Gobierno, las autoridades seccionales y el mediador del encuentro.
Ante esta situación, el presidente del Consorcio de Consejos Provinciales (Concope) y prefecto de Pichincha, Ramiro González, y también mediador del conflicto criticó a las empresas petroleras. Dijo que el Ecuador no es un país de burla y calificó de prepotentes a esas compañías.
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El ministro de Gobierno, Mauricio Gándara, cuestionó la actitud de las empresas petroleras y expresó que le causaba indignación la forma como encaran las negociaciones dichas compañías.
Sin embargo, Gándara y Ortiz se reunieron hasta pasadas las 21h45, de manera reservada, en el Rancho San Vicente.
Horas antes, las autoridades del Gobierno y de Orellana y Sucumbíos se pusieron de acuerdo en dos puntos fundamentales, lo que permitiría terminar con el paro biprovincial de actividades que se inició el 15 de este mes.
Planteamientos
Ayer, a las 16h00, el prefecto de Sucumbíos, Guillermo Muñoz, confirmó que los dos sectores acordaron plantear a las empresas petroleras que asfaltaran 260 km de carreteras, 130 en cada provincia, y que el 16% del total del impuesto a la renta que deben pagar al Estado ecuatoriano se dé para beneficio de los cantones amazónicos donde operan esas compañías petroleras.
Gándara confirmó a las 15h30 que el régimen y las autoridades provinciales estaban de acuerdo en el porcentaje del impuesto a la renta que las petroleras deben dar para beneficio de los municipios amazónicos y que se invertirá en obras no solo viales para esos sitios.
Las cifras planteadas son mucho menos de lo que solicitaban las dos provincias y más de lo que proponían las petroleras y el régimen. Antes de la propuesta la posición de las compañías petroleras y del Gobierno era que se puede entregar el 10% del impuesto a la renta a ambas provincias. Orellana y Sucumbíos pedían el 25% de ese dinero.
En el otro punto, ambas provincias exigían la pavimentación de 600 km de carreteras, 300 km para cada provincia. Las petroleras estaban dispuestas a que se dé el asfaltado de 200 kilómetros, 100 para cada provincia amazónica.
Y mientras se pedía aprobación a las petroleras sobre los dos puntos propuestos, los equipos de negociación seguían trabajando en la discusión de los demás puntos en conflicto. Entre ellos, la contratación de mano de obra calificada y no calificada que requieren las empresas petroleras para realizar su trabajo en la Amazonia ecuatoriana.
Orellana y Sucumbíos plantean que en la contratación de los dos tipos de mano de obra sean obligatoriamente tomados en cuenta sus trabajadores, porque consideran que en las provincias donde se extrae el crudo hay técnicos y obreros que conocen de la materia y que están desocupados.
No obstante, las compañías petroleras piden que esa contratación sea opcional y no obligatoria como piden los representantes del paro.
ACCIONES
HÁBEAS CORPUS
Elsie Monge, presidenta de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, interpuso ayer ante la vicealcaldesa de Orellana, Martha Noboa, un recurso de hábeas corpus para obtener la libertad de Carmen Vega, Eduardo Pincho, Pablo Zanambay, Carlos Masapanta, Sixto Ramírez, Rodolfo Ávila, Amado Garófalo, Eliécer Tapia, Willinton Reasco, Juan Riera, Édison Almeida y Amable Pardo, detenidos por los militares durante el paro biprovincial.
INCOMUNICADOS
Monge dice que “los han acusado de no respetar el estado de emergencia en la población de Dayuma”, y “no los han entregado a la Policía ni a la Fiscalía para que se les empiece un juicio y hasta ayer los detenidos estaban incomunicados”.
PARO SE AGUDIZÓ
La activista de Derechos Humanos dice que “el estado de emergencia agudizó el paro, y que por orden del Ministro de Gobierno, patrullas militares desataron una dura represión, con ingresos a los domicilios de donde sacaron detenidos a ciudadanos y autoridades de Orellana y Sucumbíos, violando así sus derechos a la libertad.