La secretaria de Estado de Emigración e Inmigración de España, Consuelo Rumí, explicó esta mañana en Citynoticias (89.3 FM de Guayaquil), que el gobierno de su país posee una política migratoria que va más allá de los tres meses de normalización que se llevan a cabo.

De acuerdo a Rumí, el inmigrante deberá probar que está trabajando en España, por lo que es necesario que cuente con un contrato de trabajo con un residente español o extranjero regulado. También debe poseer un informe de su función social del lugar donde vive, y que haya residido por tres años en el país europeo.

Esta norma, según la funcionaria, quedará vigente, aún después de que se cumpla el plazo de la ley de regularización.

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Respecto al proceso de regularización que caducará el 7 de mayo, Rumí señaló que en caso de que los patronos se rehúsen a iniciar los trámites para que sus trabajadores legalicen su permanencia, los empleados podrán comenzar un proceso de normalización. 

La intención de la causa es que se sancione al empresario que no haya querido entregar los documentos para el proceso. Una vez iniciada la demanda, de acuerdo a Rumí, señala que los inmigrantes recibirán una autorización para que puedan laborar. Sin embargo, advierte que estas acciones estarán vigentes a partir del 7 de mayo.

Según Rumí, el régimen español cree que el trabajo ilegal es perverso con el trabajador y con el gobierno, porque al primero no le permite gozar los derechos que tienen los ciudadanos, mientras que el Estado no puede cobrar los impuestos correspondientes. Por ello, el régimen “ha trabajado con los sindicatos y los empresarios para que se pase de una situación irregular a una legal.

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Quienes no puedan regularizar su situación laboral hasta el 7 de mayo, tendrán que regresar voluntariamente a su país de origen, para luego intentar ingresar al país por medio de la contratación legal, aseguró. En este sentido, no recomendó a los inmigrantes que no cuenten con un contrato de trabajo que permanezcan en España, porque la Unidad de Repatriaciones deportarán a los inmigrantes,  y se les prohibirá el reingreso al país ibérico.

Los inmigrantes que accedan a la regularización de su permanencia en España tendrán los derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos españoles. De esta manera, sostiene, podrán acceder al salario que tienen sus compatriotas, dependiendo del sector  en que trabaje; tener a su familia de forma legal; gozar de la seguridad social, y transitar por el país ibérico sin miedo a ser deportados.

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