Incertidumbre y esperanza son las dos sensaciones que marcan el transcurrir de la colonia ecuatoriana radicada en Tenerife, la mayor de las siete islas del archipiélago español de Canarias, localizada a 300 km al Oeste de África y a 1.300 km al Suroeste de la Península Ibérica.

En la isla de 812.839 personas según el Instituto de Estadística de Canarias, los ecuatorianos empezaron a llegar desde el 2001 y ahora se han convertido en un colectivo importante entre los inmigrantes, quienes trabajan en  agricultura, construcción, hotelería y servicio doméstico, la mayoría sin un permiso de trabajo.

El quiteño Jimmy Coronado explica que la falta de permiso mantiene marginados a sus compatriotas por lo que no se sabe cuántos de ellos viven en ese lugar. Ahora espera que el proceso de regularización sirva para que todos puedan normalizar su estancia.

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Sin embargo, el optimismo se desvanece con las cifras, ya que en dos semanas de proceso, de algo más de 100 solicitudes presentadas, solo 62 expedientes de  inmigrantes están listos para la firma del subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife.

“El tener que obtener el récord policial es una de las mayores dificultades que enfrentan los ecuatorianos. En mi caso, un familiar pudo sacar el documento y enviármelo hasta aquí. Pero conozco a muchos compatriotas cuyos familiares están pagando a los tramitadores cantidades de dinero exageradas para conseguirlo”, señala Coronado, conocido entre la colonia ecuatoriana porque en la década del noventa destacó como activista de derechos humanos.

Coronado apunta que los problemas para los ecuatorianos ilegales se multiplican debido a las fallas que tiene la estructura empresarial en Tenerife. “Para legalizar a un extranjero, el empresario debe estar al día en los pagos a Seguridad Social y Hacienda, y muchos aún no cumplen con estas obligaciones”.

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En este contexto, en Tenerife y en todo el archipiélago canario muchas empresas han sido sancionadas por contratar a trabajadores ilegales, falta que ahora les impide presentar la solicitud para regularizar a un inmigrante y se convierte en un drama para los indocumentados que recorren en busca de empresas que quieran contratarlos, pero que también estén al día en sus obligaciones.