Para Carlos Arboleda, gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), el fideicomiso local –creado en el 2003 para administrar los bienes de Emelec y Electroecuador– “es inexistente e ilegal”.

A su criterio, los bienes de ambas eléctricas fueron incautados a favor del Estado antes de la constitución de esa fiducia y, por tanto, justifica la emisión, el 10 de febrero último, de la resolución en que transfiere esos bienes al fideicomiso AGD, por 90 días. Su objetivo es administrarlos, ratificar la propiedad estatal y luego pedir al Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) que concesione el servicio eléctrico de Guayaquil.

Los empresarios y el Municipio de Guayaquil se oponen a la decisión y anuncian que la impugnarán. Hablan, aunque no oficialmente, de lograr la autonomía para ese servicio.

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Carlos Arboleda, gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), sostiene que los activos de Emelec y de Electroecuador son del Estado y que, por tanto, “el fideicomiso local” –constituido en julio del 2003 y administrado por empresarios y el Municipio de Guayaquil– no tiene valor jurídico.

La resolución del 10 de febrero último, que dispone la transferencia de los bienes de ambas empresas al fideicomiso AGD, por 90 días, es el inicio de su estrategia. El final: la concesión del servicio eléctrico de Guayaquil.

Pregunta: ¿Por qué resolvió la transferencia de los bienes?
Respuesta: Tenemos que aplicar la Constitución. Y una de las leyes que debemos aplicar es el artículo 29 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica, que establece que todos los bienes que sean de público conocimiento de los dueños o de los administradores de los bancos en saneamiento deben ser incautados, colocados en un fideicomiso en garantía, hasta que se pruebe su real propiedad.

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P: ¿Desconoce, entonces, el fideicomiso local que actualmente administra los bienes de Emelec y Electroecuador?
R: (El fideicomiso local) es inexistente, porque a partir de 1999 los bienes del señor Fernando Aspiazu (ex propietario del Banco del Progreso, en saneamiento) no podían ser motivo de ninguna transacción financiera ni fiduciaria. Hay un pronunciamiento de una jueza Séptima de lo Penal de Pichincha que dispuso la inmovilización y retención de todas las acciones de los bienes de propiedad del señor Fernando Aspiazu.

P: ¿Usted dice que es ilegal el fideicomiso local?
R: Claro. Es inexistente, porque utiliza bienes que no podían ser utilizados.

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P: Los empresarios y el Municipio de Guayaquil impugnarán su resolución...
R: Por primera vez, las intenciones cívicas, patrióticas de este grupo que usted menciona, coinciden con el Gobierno nacional; es decir, mandar estos bienes al Estado.

P: Los caminos son diferentes...
R: No, es el mismo... Tal vez ellos se hubieran inventado alguna ONG (organismo no gubernamental) para administrar. Y eso no se permitirá.

P: ¿Planteará cambios o la eliminación de la Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil (Categ)?
R: No va a cambiar absolutamente nada. Todo sigue normal. Está operando la misma administración temporal que fue designada por el Conelec; eso se respeta porque así lo manda la Ley de Régimen del Sector Eléctrico.

P: ¿Cuál será la suerte de la Categ?
R: No es mi función hablar de entidades creadas a través de decretos ejecutivos. La Categ podría existir en la media en que esté pendiente de que el servicio sea bueno, que las tarifas sean correctas, que la cobertura sea adecuada... Corresponde a la Presidencia verificar la validez de esa entidad.

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P: ¿Qué pasará cuando pasen los 90 días que plantea la resolución?
R: Si nadie ha reclamado la propiedad (de los bienes de Emelec y Electroecuador), entonces se ha comprobado que la AGD actuó correctamente, que esos bienes pertenecieron al señor Aspiazu y que ahora pasan al Estado ecuatoriano.

P: ¿Y luego?
R: Ahí sí, el Estado podrá llamar a una licitación para concesionar el servicio y lo entregará a una empresa que tenga esos bienes.