El gobierno italiano aprobó el viernes último un decreto-ley que modifica el procedimiento de pago de la deuda de Parmalat y permite al grupo agroalimentario cancelar a sus acreedores con acciones de la empresa.
El decreto supone una revisión de la ley de quiebras, que establecía que las grandes compañías en bancarrota debían liquidar sus deudas exclusivamente con dinero.
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La modificación de la norma pretende facilitar la rehabilitación de Parmalat, declarada insolvente a fines del 2003 con deudas que, según el tribunal que lleva el caso, llegan a 20.000 millones de euros.
El nuevo decreto-ley permite además que se utilicen parcialmente fondos de la firma que, de ser impugnados, permanecerían “congelados” en bloque en las cuentas del grupo hasta el final del juicio.
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Los directivos de la empresa alimentaria afrontan un proceso en Milán por cargos que van desde bancarrota fraudulenta hasta especulación abusiva por el colapso de Parmalat, que en su día era el octavo grupo industrial de Italia.
El juicio, entre cuyos procesados se encuentra el fundador de Parmalat, Calisto Tanzi, apenas ha avanzado en la delimitación de responsabilidades.