Frente a la escalada de los  nacionalismos indígenas en Bolivia, la región petrolera de Santa Cruz lucha por su autonomía y se opone a un proyecto de nacionalización de los hidrocarburos.

Si se aprueba esta ley, que se discute en el Congreso, podrían anularse los contratos de las 26 compañías petroleras extranjeras que operan en Bolivia, provocando su salida y afectando los ingresos de Santa Cruz y Tarija, regiones gasíferas y petroleras.

Frente a esta amenaza, Santa Cruz encabezó una protesta durante 18 días en enero y logró que el presidente Carlos Mesa acepte convocar a un referendo sobre autonomías en las nueve regiones y llame a elección de gobernadores, designados por él, según la Constitución.

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Para los líderes indígenas, Mesa está retornando al liberalismo del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, derrocado hace quince meses por una  revuelta popular.

En este marco, expertos afirmaron que solo los departamentos de La Paz y Santa Cruz pueden enfrentar un régimen de autonomía, pues contribuyen con más del 50% del Producto Interno Bruto –8.000 millones de dólares– y que los departamentos de menor desarrollo se afectarán si no se diseñan mecanismos de compensación.