Sin planes concretos, el Gobierno se fija en el gas

Tras 15 días de vigencia de la norma que obliga a la facturación del gas, el SRI no ejerce control.

El Gobierno, a través del Servicio de Rentas Internas (SRI) y del Ministerio de Economía (MEF), reveló su intención de modificar las políticas estatales respecto al gas. ¿Los objetivos? Mejorar el control tributario para evitar el contrabando fronterizo y eliminar o focalizar el subsidio para ahorrarle al Estado unos $ 281 millones anuales.

Sin embargo, ninguna de las dos instituciones ha presentado hasta ahora un plan detallado de cómo logrará cumplir esas metas ni los resultados de los intentos ya realizados.

El SRI anunció que desde el 1 de enero pasado todas las transacciones, por cualquier valor y sin excepciones, deberían estar respaldadas por una nota de venta. A los pocos días, el director de Rentas Internas, Vicente Saavedra, se retractó, dijo que la medida solo regirá inmediatamente para los distribuidores de gas y para los “grandes comerciantes”.

Luego, el funcionario aclaró que no habrá sanciones para los minoristas y pequeños negocios “porque no son un objetivo tributario”.

Hoy se cumplen quince días desde que el Reglamento de Comprobantes de Venta entró en vigencia, pero el SRI no ha expuesto un informe sobre la aplicación de la norma.

La Asociación de Distribuidores de Gas presentó ayer, en Guayaquil, una propuesta al SRI para que no se les exija facturar ni la presentación de la cédula a los compradores.
Saavedra dispuso “conformar una comisión” para que analice el tema y reforzar un plan de capacitación.

Mientras se discute, la situación volvió a la vigente en el 2004: el control solo se hará en las ventas superiores a cuatro dólares y las visitas de los fedatarios serán informativas.

En síntesis: no hay sanciones, siguen las excepciones y la aplicación del Reglamento está postergada.

El ministro de Economía, Mauricio Yépez, también reveló el interés del Gobierno en focalizar el subsidio al gas de uso doméstico, aunque varios de sus asesores son más partidarios de la eliminación.

Con ello, dijo, los $ 281 millones que costará la subvención en el 2005 pasarían a un fideicomiso, “para que no se crea que es para el pago de la deuda”. No es la primera vez que Yépez hace el anuncio ni la primera que coincide con la necesidad del Gobierno de pactar créditos de los organismos multilaterales.

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sugieren la eliminación o focalización del subsidio.

Sin embargo, hasta ahora, el Ministerio de Economía no ha presentado un plan en el que detalle qué piensa hacer con el subsidio, cómo lo canalizará hacia el área social y cuándo empezará a ejecutarlo.