La Comisión para la Aplicación del Sistema Anticorrupción de Ecuador (SAE) aún no entra en funcionamiento, pese a que su creación se concretó hace 20 días con la firma del decreto ejecutivo 1776.

Aunque el presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, dijo que la labor de esa Comisión debía iniciarse inmediatamente, hasta ayer, ni la Fiscalía, ni la Contraloría y tampoco la Procuraduría (cuyos titulares son, según el decreto, integrantes de la Comisión) fueron notificadas de la fecha en la que se realizará la primera reunión de trabajo.

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Francisco Terán, director del departamento contra la corrupción del Ministerio Público, dijo que el Gobierno tampoco informó si llenará o no con otro organismo de control el espacio dejado por la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), que se negó a ser parte de la entidad.

La convocatoria para la primera reunión la debe realizar el secretario ejecutivo de la Comisión, cargo que según el decreto 1776 lo desempeña el subsecretario jurídico de la Presidencia de la República, Carlos Larrea.

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Pero los cuestionamientos a la creación de la Comisión continúan. Mediante una carta abierta al Presidente, 23 líderes de la sociedad civil piden la derogatoria del mencionado decreto porque consideran que atenta “a la independencia de las funciones del Estado y a la institucionalidad del país”.

Siete puntos contiene el documento suscrito por monseñor Alberto Luna Tobar, Simón Espinosa, Nelsa Curbelo, Pablo de la Vega, Luis Herrería Bonnet, José Laso, el sacerdote Luis Gómez Izquierdo, Manuel Martínez, Jorge Enrique Adoum, Elsie Monge, José Villamil, Diego Araujo, entre otros.

En el documento se pide a Gutiérrez “retomar la propuesta técnica consensuada hace un año por los organismos de control y sectores de la sociedad civil para la estructuración, ámbitos de operación y funcionamiento del SAE”.

También se exhorta al Mandatario a “dar muestras concretas de trabajo en la lucha contra la corrupción”.