El dictamen, entregado al Juez 13º de lo Penal de Pichincha, Antonio Guerrero, determina que Peñafiel violó la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y utilizó procedimientos fraudulentos para otorgar los préstamos, cinco meses antes de que la institución fuera declarada en liquidación forzosa (24 de agosto de 1998).
Según la agente fiscal de la Unidad de Investigaciones Financieras del Ministerio Público, María Cerón, los créditos se entregaron con el propósito preconcebido de utilizar esos recursos en beneficio de empresas vinculadas.
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Por eso, Peñafiel fue acusado del delito de abuso y disposición arbitraria de dineros, en perjuicio de la entidad bancaria y de sus depositantes.
Cerón indicó que el monto de los créditos registrados en la contabilidad a favor de las compañías, acumulado al 20 de abril del 2001, asciende a 28,8 millones de dólares.