Procesar cientos de leyes pendientes y lograr consensos mínimos son los principales desafíos de la nueva Asamblea Nacional

El domingo los ecuatorianos no solo elegirán a los nuevos presidente y vicepresidente de la República, sino también a 137 personas que integrarán la Asamblea Nacional. La expectativa por quiénes consigan un escaño es alta, considerando que el último Legislativo terminó funciones con una de las peores calificaciones: menos del 10 % de aprobación, según encuestas. Los nuevos legisladores enfrentarán el desafío de recomponer la imagen del Parlamento con una gestión distinta a la de sus antecesores, llegando a acuerdos mínimos.

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La última Asamblea se eligió para el periodo 2021-2025, pero fue disuelta por la muerte cruzada, el 17 de mayo de 2023. Se caracterizó por la fragmentación, ausencia de consensos, confrontaciones constantes con el Ejecutivo, disputas en el interior de organizaciones políticas, destituciones de autoridades legislativas (los casos de Guadalupe Llori y Yeseña Guamaní), asambleístas cesados por estar vinculados con delitos y promover varios juicios políticos a autoridades del gobierno de Guillermo Lasso.

Además se distinguió por tratar temas que no respondían a las urgencias de la población, como haber declarado el Día Nacional del Bizcocho, Manjar y Queso de Hoja, en enero de 2023, en medio de la peor crisis de inseguridad del país.

Quedaron pendientes cientos de proyectos de ley. Según un informe del Observatorio Legislativo, publicado dos días antes de la muerte cruzada, en todo el periodo legislativo 2021-2025 se presentaron 573 proyectos normativos, de los cuales apenas el 10 % fueron aprobados por el pleno de la Asamblea Nacional en segundo debate y solo el 5 % se terminaron publicando como leyes de la República.

Entre los temas por tratar está la reforma parcial a la Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan actuar con la Policía Nacional en la seguridad interna, proyecto de Ley de Gestión de Riesgos, proyecto de Ley de Seguridad Privada, Ley de Minería, Código de la Niñez, Código de Salud, Código de Trabajo, reformas a la Ley de Seguridad Social, reformas al Código Orgánico Integral Penal, por mencionar algunos casos.

Eso sin contar las aprobaciones de los acuerdos comerciales con Costa Rica y China, firmados en marzo y mayo de este año, respectivamente. Y el decreto-ley en materia de impuestos, que presentó el presidente Guillermo Lasso tras la muerte cruzada y fue aprobado por la Corte Constitucional.

Quienes resulten triunfadores en las elecciones anticipadas del domingo 20 de agosto recibirán sus credenciales de asambleístas el 26 de octubre de este año; sin embargo, no existe una fecha exacta para su posesión. Tendrán menos de dos años en funciones, ya que culminarán en mayo de 2025.

Con tan poco tiempo para trabajar, apremia que los legisladores definan la agenda parlamentaria sin demoras y en consensos.

Además, la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) establece que dentro de 60 días, desde la posesión del presidente o presidenta de la Asamblea, se debe presentar una agenda parlamentaria anual, la cual será construida con los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL), presidentes de las comisiones especializadas y representantes de las diversas bancadas.

Según analistas en temas parlamentarios y exintegrantes de la Asamblea disuelta, los nuevos legisladores deben estructurar los temas de la agenda en prelación con la situación de inseguridad, la posible llegada del fenómeno El Niño, el ámbito laboral y el económico, como puntos de partida. Dentro de esa agenda se debe considerar lo que quedó pendiente de las agendas pasadas, presentadas por Guadalupe Llori y Virgilio Saquicela, presidentes del último Parlamento.

En medio de eso deberán hallar la manera de encajar los nuevos proyectos que quieran impulsar; no obstante, al tener tan poco tiempo y tantos temas acumulados, es poco probable que puedan concretar nuevas leyes que surjan de los legisladores que ganen las elecciones anticipadas.

Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, anotó que para recuperar la institucionalidad de la Asamblea se debe trabajar en varios aspectos que pasan por cumplir con lo que manda la Ley de la Función Legislativa. Por ejemplo, cumplir los plazos para el trámite de leyes que, de acuerdo con la reforma la LOFL, no debería demorar más de un año y medio; pero en la práctica esto tarda más de tres años, en promedio.

No se cumplen a cabalidad los plazos y procedimientos de un juicio político, y tampoco se respeta en su totalidad con la transparencia de la información, indicó. Sobre lo último, el coordinador expuso que, según mediciones realizadas, el 50 % de la información de la Asamblea Nacional es opaca. “Nadie sabe cómo vota el CAL, cuáles son las resoluciones que aprueban. Obviamente, se conocen de aquellas cosas que son más importantes para el país, supuestamente, así lo han dicho los legisladores, pero no se transparenta todo. El CAL es opaco, en materia de transparencia está secuestrado”.

Los legisladores tampoco transparentan su agenda de reuniones y los obsequios que reciben, a pesar que así lo establece la Ley de la Función Legislativa y ahora también la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip), señaló Celi.

Adicionalmente, mencionó que se debe avanzar hacia una fiscalización responsable, ya que en el periodo anterior esto “se dio más como una herramienta de persecución y no como herramienta de tensión de posibles irregularidades en el sector público de otros poderes del Estado”.

Alan Caiza, analista político y jurídico, agregó que la lenta gestión legislativa no es reciente, ya que existen proyectos de ley de periodos anteriores que hasta ahora no han sido atendidos. En el contexto que vive el país, lo fundamental será llegar a acuerdos mínimos, indicó.

“Más allá de las disputas políticas, la ciudadanía tiene como enemigos comunes el hambre, el desempleo y la delincuencia e inseguridad. Es en torno a estas demandas ciudadanas que debe girar la discusión política y el debate parlamentario. Es momento que las organizaciones políticas, más allá de las ideologías y de sus banderas, establezcan una agenda común, que permita la gobernabilidad, con acuerdos mínimos sobre los temas prioritarios: economía, seguridad y social”, comentó.

Wilma Andrade, exasambleísta de la Izquierda Democrática, reconoció las fallas del último Parlamento, pero aseguró que en algunos caso sí hubo consensos, aunque no todos se llegaron a cumplir. Un error, dijo, fue llegar a acuerdos “de espaldas al Ejecutivo”, porque se dejó de lado al colegislador que es el presidente de la República y esto también ahondó las diferencias entre los dos poderes del Estado, dificultando la gobernabilidad.

“Lo ideal sería que quien llegue a la Presidencia de la República también, a través de ministros de Estado, pueda llegar a un diálogo y un consenso previo y abierto con la Asamblea, a la luz del país, para que no entren después los chantajes –por el lado de la Asamblea– y la compra de consciencias –por el lado del Ejecutivo–. Hay que hacerlo abierto y limpio para enfrentar los problemas del país”, mencionó Andrade.

Levantar la caída reputación de la Asamblea no será sencillo. El exasambleísta Ricardo Vanegas recordó que el periodo legislativo 2017-2021 se caracterizó por ser “la Asamblea de los diezmos” y luego pasó “a la Asamblea del bizcocho”. Señaló que un aspecto a corregir por los nuevos parlamentarios son las divisiones internas, aunque aquello es poco probable que suceda y es posible que otra vez la Asamblea esté fraccionada.

Por otro lado, Vanegas reconoció que gran parte de quienes resultan elegidos para ocupar una curul en el Parlamento “no están totalmente preparados para cumplir con la función de legislar y fiscalizar”. Reprochó que algunos integrantes de la Asamblea disuelta presentaron pocos o ningún proyecto de ley o solicitudes de juicios políticos mientras estuvieron en funciones y, aún así, ahora participan como candidatos en las elecciones anticipadas.

Una fuerte debilidad del Parlamento, y que es blanco de críticas entre la ciudadanía, es que en algunas intervenciones públicas y, a veces, las propuestas de los asambleístas dejan mucho que desear en cuanto a su formación, preparación y capacidades para el cargo que desempeñan.

Al respecto, Alan Caiza, quien además fue prosecretario de la Comisión de Justicia de la Asamblea, reconoció que “este es un problema de fondo” y gran responsabilidad de ello tienen las organizaciones políticas que no forman cuadros, a mediano y largo plazo.

“Son las organizaciones políticas las que deben garantizar que realmente la plata del fondo partidario sea destinada para la formación y preparación política y técnica de sus cuadros”, expresó el analista. Esto no solo es cuestión del legislador, sino también del equipo de asesores que los acompañan; ellos también deben tener la preparación correspondiente.

A inicios de mayo, antes de la muerte cruzada, el Consejo de Administración Legislativa aprobó una resolución que reformó el reglamento interno de administración del Talento Humano de la Asamblea Nacional.

Según esto, ya no es obligatorio que los asesores de los asambleístas tengan experiencia en temas parlamentarios. La reforma dispone que los asesores deberán poseer un título de tercer nivel, registrado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt) o demostrar experiencia en temas parlamentarios.

La norma aclara que se entenderá como experiencia en temas parlamentarios la participación en cuerpos colegiados, gremios, organizaciones de la sociedad civil, movimientos o partidos políticos, o haber ejercido funciones de dirigencia o similares, local, nacional o internacional, debidamente acreditados, con o sin remuneración. (I)