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SOS Racismo ha hecho pública la misiva suscrita por una treintena de internos, también ecuatorianos (la entidad no precisa el número de connacionales), y dirigida a un juzgado madrileño.
El estudio de SOS Racismo detalla casos que van desde la imposibilidad de acceder a servicios bancarios, denegación de entrada a locales públicos, embargo de prestaciones, atención inadecuada por ser inmigrante o abusos de autoridad.