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Según el alcalde Pabel Muñoz, la norma violenta la autonomía local.
De tener un dictamen favorable en la pregunta, el presidente Daniel Noboa deberá firmar un decreto convocando a referéndum y notificando al CNE.
La CC dispuso iniciar el respectivo control previo de constitucionalidad de los considerandos de esta pregunta
La Alcadía de Quito anunció que este miércoles presentará una demanda contra esa reforma.
El secretario jurídico del Gobierno, Enrique Herrería, espera que la CC actúe en derecho ante las demandas de inconstitucionalidad contra la ley.
Sobre estas acciones, que aún no han sido admitidas, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, defendió que la Ley está bien construida.
La Comisión del Derecho al Trabajo de la Asamblea no ha vuelto a reunirse para discutir el proyecto de ley Loressfa.
Este lunes se publicó la ley en el RO. Desde el 1 de junio, los gobiernos locales deben cumplir con la regla mínima del 65% en gasto no permanente de inversión.
Sociedad civil y grupos de empresarios ingresaron amicis curiae. Gobierno espera un dictamen positivo para generar inversiones por los $ 2.000 millones.
El concejal Michael Aulestia pidió la suspensión de la tasa de recolección el pasado 9 de febrero.
El Estado observará que los gobiernos locales cumplan con el 65 % de la regla de asignación presupuestaria. Se anuncian demandas.
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, también anticipó que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la CC contra esta normativa.
Enrique Herrería sostiene que la visión del primer mandatario es modernizar el país y que no descartado insistir en reformas constitucionales.
Un grupo de asociaciones de productores presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 231, que permite el registro.
¿Qué le está pasando a la Corte Constitucional? Globalmente, sentencias recientes están matando a la acción de protección.
La Corte Constitucional ha emitido jurisprudencia relacionada a la garantía de la motivación, que podría afectarse con fallos equivocados o inexactos.
Ley dispone que la Asamblea, Función Judicial, Contraloría, Banco Central y Fiscalía deberán adoptar las medidas de seguridad para la protección de sus redes.
La UNE sostuvo que espera que el organismo de control constitucional resuelva conforme a lo que establece la Constitución.
Andrés Quishpe solicitó la suspensión de la designación de Leonardo Alarcón como fiscal general, sin embargo, el pedido fue negado por la Corte Constitucional.
Los demandantes piden a la CC que deje sin efecto ciertos artículos de ambas leyes porque vulnerarían derechos constitucionales.