Los allanamientos al Municipio de Cuenca y a dependencias vinculadas generaron cuestionamientos sobre la transparencia de la gestión pública y los mecanismos de control de los recursos estatales. El caso también puso en discusión la responsabilidad de las autoridades y la fiscalización de los procesos de contratación pública.
En esta semana, la Fiscalía y la Policía allanaron la Alcaldía y varias empresas públicas como parte de una investigación por peculado que alcanzaría al alcalde suspendido Cristian Zamora y algunos exfuncionarios.
Académicos y otros actores locales plantean la necesidad de que las investigaciones avancen con independencia, respeto al debido proceso y sin interferencias políticas. Sus opiniones también apuntan a fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre la administración municipal.
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Enrique Pozo, canciller de la Universidad Católica de Cuenca, sostuvo que las diligencias deben desarrollarse por las vías legales y con respeto a los derechos de las personas involucradas.
“Son procesos evidentemente de carácter legal que hay que respetarlos, hay que darles todas las facilidades que amerite para que la justicia opere”, señaló.
Advirtió que los hechos que puedan estar relacionados con actuaciones contrarias a la ley afectan la percepción ciudadana sobre el ejercicio de la política.
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Pozo también consideró necesario fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre el manejo de los recursos públicos y aprovechar las herramientas tecnológicas para transparentar las actuaciones de las autoridades.
De su lado, Antonio Torres, catedrático e investigador, calificó lo ocurrido como “completamente decepcionante”. En su análisis, recordó que el Municipio de Cuenca ha sido un referente institucional para la ciudad, la provincia y el país.
Torres mencionó a la Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado (Etapa), el tratamiento de aguas residuales y los convenios internacionales al referirse al desarrollo y reconocimiento que ha tenido Cuenca. En ese contexto, cuestionó el impacto de los acontecimientos sobre la confianza ciudadana en la administración municipal.
Torres también planteó que la investigación debe esclarecer el destino de los recursos bajo cuestionamiento. “No solo del dinero que se ha perdido, sino a dónde se ha ido el dinero, qué se ha hecho con ese dinero”, dijo.
Por su parte, Juan Fernando Darquea, abogado, consideró que se deben diferenciar las responsabilidades penales individuales de aquellas de las instituciones.
“Una cosa es la responsabilidad penal de las personas que han incurrido en actos delictuales y otra cosa es la institucionalidad de la Municipalidad como tal”, manifestó. Agregó que los hechos investigados no deben desvirtuar la historia y las tradiciones de Cuenca.
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Sobre los mecanismos de control, el abogado señaló que el Concejo Cantonal tiene funciones de legislación y fiscalización de los actos municipales. Consideró que este órgano debió cumplir un papel fundamental en la supervisión de las decisiones de la Alcaldía.
“Y allí viene el primer quiebre, la fiscalización del Concejo Cantonal”, expresó al referirse al respaldo que, según su análisis, recibió la administración del alcalde sentenciado Cristian Zamora por parte de una amplia mayoría de concejales.
“Quienes han actuado al margen de las normas legales vigentes deberán recibir y asumir las consecuencias legales de sus actos”, sostuvo.
Darquea también se refirió a la responsabilidad ciudadana ante las próximas elecciones. Señaló que los votantes deben analizar a los candidatos a la Alcaldía.
De su lado, Xavier Muñoz Chávez, exalcalde de Cuenca, calificó los allanamientos como hechos graves para la ciudad y para las personas involucradas. A su criterio, la situación afecta a la comunidad porque obliga a dedicar tiempo y esfuerzos a asuntos judiciales, mientras otros temas relacionados con el desarrollo local quedan en segundo plano.
También sostuvo que, ante la cercanía de un proceso electoral, algunos ciudadanos podrían interpretar los hechos como una persecución política, pero insistió en que las situaciones denunciadas deben esclarecerse a la brevedad.
Sobre los aspectos que deben revisarse en la gestión municipal, el exalcalde afirmó que la función pública debe orientarse al servicio de la ciudadanía y a la atención de sus necesidades. Añadió que los funcionarios tienen la obligación de cumplir sus responsabilidades y comunicar a los habitantes lo que ocurre dentro de la administración.
“No debe haber secretos de ninguna naturaleza, sino por el contrario, todo tiene que ventilarse a la luz pública”, expresó al referirse a la transparencia que, a su criterio, debe caracterizar la gestión municipal.
Muñoz sostuvo que la administración actual debe facilitar el trabajo de las autoridades judiciales. Consideró que la Fiscalía y los jueces necesitan contar con los elementos suficientes para analizar lo ocurrido y emitir decisiones conforme a derecho.
El exalcalde también advirtió que los allanamientos afectan la imagen de Cuenca y pueden alimentar la desconfianza en las instituciones. Sin embargo, señaló que las personas involucradas deben tener la oportunidad de justificar sus actuaciones para evitar que se afecte injustificadamente su honra y el buen nombre de la institución. (I)