El 25 de abril pasado el pleno del Consejo de Educación Superior (CES) resolvió iniciar una investigación por denuncias de irregularidades en la Universidad Agraria del Ecuador. El 27 de mayo estudiantes reclamaron el retorno a clases presenciales. Para un día antes habían sido convocados, pero en formato virtual.
El argumento de la máxima autoridad fue difundido a través de un video: debido a amenazas y “para garantizar la integridad y seguridad” de la comunidad educativa las clases serían virtuales, explican alumnos que reclaman práctica presencial.
Efectivamente, en las ciencias agrarias las prácticas de campo son más formativas. Si bien los libros constituyen un aporte importante, el contacto con la tierra fortalece el aprendizaje y la toma de decisiones in situ.
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Es comprensible la exigencia de alumnos que defienden una formación integral. No obstante, es de rigor de las autoridades de educación superior y de seguridad verifiquen lo que está ocurriendo alrededor de la Universidad Agraria, tanto por los riesgos –que los estudiantes dicen les planteó el rectorado– como en torno a denuncias de las que se iniciaron investigaciones y no se conocen resultados.
Las indagaciones se basan en un informe remitido por la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas, que recoge las denuncias presentadas por miembros de la universidad por irregularidades administrativas y de personal, así como en el criterio jurídico de la Procuraduría del CES.
Urge que las autoridades gubernamentales se pronuncien y den respuestas. No es posible que una institución de formación superior esté manchada con señalamientos de corrupción y no se aclaren, peor aún que estos puedan ser raíz que afecte a los estudiantes. Y si de seguridad se trata, también esta se debe garantizar para que los futuros profesionales del agro puedan aprender en contacto con la tierra, maquinarias, laboratorios, cultivos y animales; con la teoría como complemento valioso, sin duda. (O)
