El país atraviesa un periodo complejo. Un paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en contra de la eliminación del subsidio al diésel que por decreto del presidente Daniel Noboa entró en vigencia el 13 de septiembre. Este domingo se cumplen catorce días de protestas concentradas en la Sierra norte.
Organismos internacionales se han pronunciado, e independientemente del poder de los Estados para decidir sobre asuntos de política interna, son voces a las que se debe poner atención porque en un mundo globalizado hay un aporte y se halla en ellos cooperación.
Esta semana, el 2 de octubre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró que en la eliminación del subsidio al diésel hay un esfuerzo para fortalecer la sostenibilidad fiscal, sin dejar desprotegidos a los sectores más vulnerables, y permite fortalecer la protección social.
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Delegaciones diplomáticas establecidas en Ecuador han abogado por una solución al paro, cuestionando bloqueos en pasos humanitarios que el Gobierno denuncia y el movimiento indígena niega.
Por otro lado, Amnistía Internacional, órgano que en 1977 obtuvo el Premio Nobel de la Paz, advirtió su preocupación por el deterioro de la protección de los derechos humanos en Ecuador y lo incluyó en la lista de países de la región con un supuesto “auge de prácticas autoritarias”.
La agencia de noticias EFE detalla entre las razones mencionadas por el organismo el presunto uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía contra los manifestantes, presiones del Gobierno contra la Corte Constitucional y denuncias de desapariciones forzadas supuestamente practicadas por las Fuerzas Armadas en el contexto del conflicto armado interno.
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Las voces de la comunidad internacional son un indicador que los gobiernos están llamados a analizar y de ser el caso investigar las denuncias que contengan. Son un insumo valioso en la búsqueda de soluciones, apoyo e incluso mediación cuando los países viven momentos críticos. (O)
