Ha surgido ya de manera formal el primer pedido de revocatoria del cargo del alcalde de Guayaquil que, por al menos tres causas penales, permanece privado de la libertad ya por más tiempo del que estaría estipulado para ausencia posible del cargo.
Eso pone presión al Concejo Municipal, hasta ahora mayoritariamente afín al alcalde y a la vicealcaldesa subrogante, y que en un proceso que no debería tardar más de un mes, tendrá que votar sobre cómo dar normalidad administrativa a la ciudad más productiva del país y la de mayor población de migración interna, población flotante y población originaria.
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Ha sido esquiva a Guayaquil la suerte, al menos en el último lustro. Y la pandemia del COVID-19, en el 2020, podría tomarse como un punto de inflexión en el que se marca un retro en el progreso y desarrollo de la urbe. De pronto el mundo señalaba a la ciudad como el epicentro latinoamericano del coronavirus, llegado desde Europa. Se paralizaron obras y se cambiaron prioridades que profundizaron la inestabilidad social, escenario que fue ideal para el crimen organizado, que encontró condiciones ideales para asentar en la ciudad y sus alrededores su narconegocio que atemoriza a sectores populares y entornos portuarios.
No se alcanza la normalidad indispensable para avanzar cuando se suma a todo lo anterior, la inestabilidad de tener un alcalde enfrentado permanentemente al poder central y que, acusado de delitos comunes cometidos en sus actividades privadas, fue apresado en un allanamiento. Por eso que, más allá de sus lealtades partidistas y sus aspiraciones particulares, ahora los concejales están en la mira ciudadana, que espera que tomen las decisiones que sean necesarias para darle orden a la administración municipal. Y que quienes pronto surjan como aspirantes al Sillón de Olmedo tomen nota de todo lo ocurrido en los últimos años, para hacer una agenda urgente pero efectiva, con enfoque hacia la comunidad más que a sus banderas políticas. La ciudad es merecedora de mejor suerte. (O)