Hace más de un año Ecuador fue declarado por decreto en conflicto armado interno. Tras ello se ha desarrollado una serie de acciones, pero el descubrimiento de una cisterna clandestina con cuatro personas –que habían sido secuestradas– muertas por asfixia, según las primeras informaciones oficiales, es una bofetada dolorosa que obliga a preguntar hasta qué punto se pierde la capacidad de horrorizarse y se deja de exigir al Estado garantizar lo mínimo a lo que obliga la Constitución.
Y cuando se habla de Estado implica a todas las instituciones en conjunto. El decreto suscrito el 9 de enero de 2024 identifica como terroristas a grupos de crimen organizado transnacional, ordena a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones para neutralizar a los antisociales y, como única disposición general, encarga a la Autoridad Nacional de Defensa la aplicación de lo dispuesto en el documento e informar los resultados.
Operativos y capturas de delincuentes son difundidos por redes sociales del Bloque de Seguridad y en entrevistas que se ofrecen a algunos medios.
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A partir del 1 de abril de 2024, los ecuatorianos pagan 15 % en impuesto al valor agregado (IVA); 2 puntos son temporales y se destinan a seguridad, por orden de Daniel Noboa. Al final de la tarde de este 7 de junio, la Asamblea tiene en agenda aprobar una ley que el Gobierno ha dicho ataca las estructuras económicas de los grupos de delincuencia organizada (GDO).
La policía capturó a un hombre que la guio hasta la cisterna, pero llegó tarde: los secuestrados habían muerto. Hay cinco detenidos en manos de la justicia. También miembros de la fuerza pública han sido víctimas en esta guerra. Duele, indignan los asesinatos de inocentes. La sociedad no debe caer en la desesperanza. El crimen no puede gobernar infundiendo miedo. La ciudadanía tiene todo el derecho de exigir a las autoridades, al presidente, a todas las funciones del Estado: basta de impunidad. Acá todos son responsables si no se frena a las bandas que buscan usar el terror como método de control social. (O)
