En la actualidad el artículo 5 de la Constitución señala: “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”. Pero, este 3 de junio, el Legislativo aprobó el proyecto de reforma parcial a la carta magna propuesto por el presidente Daniel Noboa a través del Decreto Ejecutivo n.º 425 para que únicamente anote “El Ecuador es un territorio de paz”.
Mucho se ha debatido sobre la necesidad de cooperación para enfrentar el crimen transnacional, y con la resolución de la Asamblea Nacional tampoco este finaliza.
El camino por recorrer tras la aprobación de la reforma con 82 votos, pese a que el 15 de octubre de 2024 la Corte Constitucional emitió un primer dictamen validando la propuesta del mandatario, implica que lo resuelto por los asambleístas vuelva por un segundo dictamen del organismo antes de ser enviado al Consejo Nacional Electoral para que convoque a los ecuatorianos a comicios para pronunciarse en favor o en contra.
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La mera aprobación de una norma no termina con un problema, pero abre paso a lo que los proponentes consideran una vía de solución. En democracia los funcionarios de elección popular toman decisiones apuntalados en la confianza que los ciudadanos les han otorgado.
Las resoluciones, decretos o leyes que aprueban tienen que dar respuesta a las exigencias; de ello depende que la credibilidad se mantenga. Pero más importante aún: deben resolver los problemas del país, y sin duda uno de los más graves es la inseguridad.
El régimen ha encontrado la gobernabilidad que Ecuador reclamaba, y con una mayoría está actuando en la línea de su plan. Frente a ello, tiene un mayor compromiso y obligación con la población, que espera paz y que le renovará la confianza o se la anulará cuando deba volver a las urnas. La seguridad no es un debate de popularidad, sino una necesidad. (O)
