En Guayaquil hay más de 15.000 cámaras de videovigilancia. Para darles más funcionalidad, el 23 de mayo pasado, el alcalde Aquiles Alvarez y el Gobierno firmaron un convenio para enlazar los sistemas tecnológicos de las dos instituciones en la lucha contra el crimen organizado.
Una crónica publicada por el Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos (CDH) en su página web levanta una alerta respecto a las cámaras de video que se instalan de manera privada.
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Es común que en algunos domicilios y negocios se coloquen dispositivos como un elemento de disuasión para la delincuencia, mas la pieza periodística advierte que bandas delictivas están usando cámaras para controlar particularmente a jóvenes y niños que reclutan en distintas comunidades del Ecuador.
Los primeros trabajos que les dan son de vendedores de droga y también la consumen. El relato del CDH revela que algunas cámaras particulares son instaladas fuera de casas con permiso de los propietarios, a otros no los abordan pero tampoco se atreven a confrontar a quienes las conectan. Pertenecen a bandas, asegura la fuente del organismo.
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El uso de las cámaras como un dispositivo que ayude a la seguridad es positivo, más allá de las críticas en el sentido de que se hacen virales los videos y pocas veces se captura a los facinerosos.
La alerta que hace el CDH debe ser tomada con toda la atención y observar con qué objetivo instalan las cámaras, sin que signifique afectar a la comunidad.
El propósito de que las cámaras aporten en la lucha contra la delincuencia debe blindarse. La Policía, municipios y otras autoridades están en la obligación de velar para que no se infecte a estos dispositivos que han ganado confianza entre los ciudadanos esperanzados en tener un poco más de seguridad.
Una opción es acercarse a las comunidades para hacer circuitos de información y manejar con efectividad datos que puedan ofrecer, incluso como cuidado del barrio. Hay que valorar estos aportes. (O)