Entre tantas muestras de corrupción y de intentos para perpetuar los niveles de impunidad que se han venido dando al manipular los controles y la administración de justicia en el país, los informes de la Contraloría que destapan irregularidades en contrataciones públicas y buscan señalar responsables son un avance.

El ente encargado de controlar la utilización de los recursos estatales debe asegurarse de que la imparcialidad de sus funcionarios evite verse comprometida, como ha ocurrido antes y se evidencia en los procesos judiciales que afrontan en la actualidad dos excontralores.

Algunas confirmaciones de glosas por parte de la Contraloría: por más de 24 millones de dólares en la adquisición de unidades educativas prefabricadas tipo milenio en varias provincias; en la Prefectura de Loja, glosas por más de 600.000 dólares por irregularidades en un contrato vial; irregularidades en la adjudicación y ejecución del servicio de registro y sanción de tránsito en Ambato; por pérdidas acumuladas en Tame entre 2015 y 2020 se confirmaron glosas por $ 243 millones; anomalías con responsabilidad civil por $ 75 millones para exfuncionarios del Municipio de Quito, etcétera.

Merece especial atención la auditoría realizada a los contratos, pagos y resultados de los servicios de asistencia legal y psicosocial de la Embajada de Ecuador en España durante el periodo 2015-2021, por el que pasaron varios funcionarios y solo uno se animó a dar la alerta. Se encontró que los contratos se suscribieron sin estudios y parámetros que garanticen la experiencia de las compañías seleccionadas y que los funcionarios de la misión diplomática desembolsaron $ 1,3 millones sin requerir facturas que demuestren el desglose de los gastos.

Se necesita procesar esos hallazgos y establecer las responsabilidades civiles y administrativas de los funcionarios que actuaron de manera desprolija, por decir lo menos, precisando modelar una cultura de integridad para quienes acepten cargos públicos y manejen fondos estatales. (O)