Garantizar los servicios de salud es una obligación del Gobierno. La Constitución y las leyes lo establecen y no hay excusas para incumplir el compromiso que la autoridad asume cuando acepta un cargo.
Investigaciones de diversos medios de comunicación y denuncias en los últimos días han movilizado al Ejecutivo a la conformación de un Comité Nacional de Salud Pública, a fin de asegurar el acceso eficiente y digno a los servicios, según las informaciones oficiales que anuncian acciones como la compra masiva de medicamentos. Una promesa del régimen, a través de la ministra de Finanzas, Sariha Moya, es poner fin al tratamiento de la salud pública como un negocio.
Hasta este punto del camino la intención se aprecia pero no basta. El tiempo en que se ejecuten la compra y el abastecimiento es urgente. Una serie de reportajes elaborados por este Diario dan cuenta de que en distintas ciudades los familiares de pacientes deben comprar las recetas, pero sus condiciones económicas los complican.
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Manejar con transparencia la compra y distribución de los medicamentos es otro de los propósitos del comité gubernamental y también una exigencia de una comunidad cansada de que la corrupción termine siendo siempre la explicación de la desatención. Ya no hay espacio para más pretextos, que se haga lo que se requiere, sin violentar normas pero con prisa, porque la vida es un derecho de todos.
Si la inoperancia en el sistema de salud indigna, la injusticia causa doble indignación. La deshonestidad en el área de la salud es un delito, causa muertes y no puede quedar sin sanción. Denuncias de corrupción sin culpables son impunidad.
El 9 de agosto pasado, el hospital Universitario confirmó la muerte de doce neonatos atribuida a causas multifactoriales, incluyendo dos ligadas a la bacteria Klebsiella pneumoniae. El caso está en investigación. Para ellos, para los enfermos que padecen por inoperancia debe haber justicia y las acciones para solucionar falencias del sistema tienen que llegar ya. (O)
