Las infracciones de tránsito son una amenaza a la vida y a la buena convivencia. Pese a ello, a diario se observan en el Ecuador, donde la ciudadanía empieza a convertirse en ejecutora de control, más allá de que la obligación es de las agencias de tránsito. Ante las fallas institucionales, la respuesta comunitaria es ejemplar.
La Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM) puso en funcionamiento, en diciembre pasado, la app VIPA, mediante la cual las personas pueden grabar en video a un infractor, el órgano rector analiza el documento y emite la multa que corresponda. De 140.000 reportes ciudadanos recibidos, 96.855 se determinaron como infracciones (para sanción) hasta la fecha, aunque el proceso debe pasar por la posibilidad de impugnación.
Si bien la iniciativa –en este caso– es de la autoridad de tránsito municipal, el mérito es de quienes, cansados de la impunidad, del irrespeto a las normas y de la inoperancia de quienes deben actuar, se atreven a sacar su teléfono para cooperar con el orden de la ciudad.
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En urbanizaciones de Guayaquil, Samborondón y Daule se tomó hace dos meses otra decisión en busca de seguridad: carros sin placas de identificación no pueden ingresar. No portar las láminas es también una infracción, pero se ve en las calles decenas de vehículos circular sin ellas.
La queja por la desidia institucional pasó a la acción en materia de tránsito. Sin embargo, no se puede pretender que cuando el Estado incumple la comunidad asuma todas las responsabilidades, sobre todo por el riesgo de escenarios conflictivos. El personal de tránsito ha sido capacitado y como tal es una obligación que cumpla el trabajo para el que se lo formó.
Se aplaude la participación de la sociedad en la búsqueda de soluciones y la buena convivencia, pero es menester exigir a la autoridad cumplir con su labor, no ser cómoda espectadora. Si el órgano de tránsito es incapaz de mejorar, es deber del Gobierno renovarlo. Evidentemente, la ciudadanía ha asumido un compromiso. Se espera lo mismo del sector público. (O)