La delincuencia y sus cofradías son tan antiguas como la humanidad, pero en determinados estadios logran imponerse si la sociedad se los permite. Los delincuentes procuran actuar a escondidas de las autoridades, sin embargo, las bandas operan con desparpajo cuando se sienten apoyadas por el sistema. En ello tienen mucho que ver la ineficiencia estatal y la corrupción.

Una nota periodística de este Diario daba cuenta ayer de cómo la modalidad extorsiva conocida como ‘vacuna’, que exigen las bandas delincuenciales a los dueños de negocios, se extiende en Guayaquil. Días atrás, la alcaldesa Cynthia Viteri hizo público que los contratistas que ejecutan obras municipales también son extorsionados al ingresar a zonas tomadas.

Según testimonio de perjudicados de varios sectores que piden no revelar su identidad, a los propietarios de negocios pequeños o grandes les piden de $ 40 a $5.000 por mes, dependiendo de lo que calculen los extorsionadores que podrían pagar sus víctimas para no seguir siendo hostigados o atacados. Hay emprendedores que han tenido que vender o cerrar sus negocios e irse de la ciudad.

Como si se tratara de una amenaza zombi, al estilo de los filmes hollywoodenses, células de organizaciones criminales se replican y diseminan; nuevas bandas actúan de forma más avezada en la búsqueda de reclamar una zona y eliminar con arma blanca, granada, fusil o subametralladora a quien se le resista. Sintiendo ese poder, lo demás será extorsionar y exigir lo que les plazca. Existe otro componente que favorece ese afianzamiento delictivo organizado, se trata de los familiares de los delincuentes que habitan en esas zonas, vecinos y víctimas que callan, por complicidad o por temor.

Se impone idear una estrategia para identificar, tal vez con más cámaras de vigilancia, las visitas frecuentes de los extorsionadores a los locales y desde el Consejo de la Judicatura instruir a los jueces que conozcan esas causas, que no den medidas sustitutivas y que se detenga el avance de ese mal. (O)