Los asambleístas ejercen una función pública al servicio del país, por ello deben actuar con sentido nacional, estando obligados a rendir cuentas a sus mandantes –el pueblo–. Sin embargo, no son pocos los casos que involucran a legisladores que se apartaron de ese mandato, contribuyendo al desprestigio de la Asamblea Nacional.

La noche del martes último, el pleno de la Asamblea Nacional, acogiendo el informe del Comité de Ética, destituyó con 131 votos a la legisladora Bella Jiménez, por gestionar nombramientos de cargos públicos y percibir dietas u otros ingresos que no sean los correspondientes a su función de asambleísta.

Estas actuaciones contrarían lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución de la República y el artículo 163 de la Ley de la Función Legislativa.

Los asambleístas denunciantes mostraron pericias y documentos sobre los actos irregulares que se habrían cometido y que fueron analizados en el Comité de Ética.

A su turno, Bella Jiménez no encontró mejor defensa que hacer señalamientos a modo de revancha sobre actuaciones comprometedoras hacia la presidenta de la Asamblea y sus asesores, así como de varios excoidearios de ID, advirtiendo que “en el camino se vienen cosas feas”.

Que Jiménez, viendo perdida su curul y la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, decidiera hacer públicas las presuntas irregularidades que conocía y callaba, cuando aparentemente ya no podía utilizar la fuerza de ese silencio a su favor, solo abona a la percepción de que el encubrimiento es una de las principales barreras que impiden la fiscalización.

El expediente de lo actuado por el Comité de Ética será remitido a la Fiscalía para que investigue el caso. También se notificará al Ministerio del Trabajo, a fin de que se prohíba a Jiménez ejercer cargos públicos. Pero este episodio no debe concluir ahí, los señalamientos de Jiménez merecen ser investigados o aclarados, y los más interesados deberían ser los propios asambleístas para revertir la desfavorable percepción de sus mandantes. (O)