Las declaraciones de varias autoridades respecto de la situación de descontrol que se vive en el sistema penitenciario ecuatoriano son reveladoras y ameritan una investigación profunda luego de los sanguinarios hechos que cobraron la vida de 79 reos en varias cárceles del país la semana pasada. También se debe dar seguimiento a dos renuncias relacionadas.

En operativos realizados el fin de semana en las cárceles de Guayaquil se decomisaron 20 armas de fuego, 241 municiones, 287 armas blancas y 132 teléfonos celulares. En la cárcel de Turi, donde masacraron a 34 reos de manera cruenta, los reclusos entregaron de manera ‘voluntaria’ un lote de objetos similares que fueron expuestos en nueve mesas plásticas, como oferta de paz y para evitar el traslado de presos a otras cárceles.

En contraste, ayer por la mañana se conoció que en la cárcel de Cotopaxi hubo un nuevo amotinamiento con secuestro de cinco guías penitenciarios. Mientras tanto, en Quito, en la Asamblea Nacional comparecían el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, y el comandante de Policía, Patricio Carrillo, para explicar la situación del sistema penitenciario nacional.

Pazmiño dijo que se trata de disputas del crimen organizado con contactos internacionales por el control de sus mercados ilegales. Carrillo precisó que en más de 75 amotinamientos que han ocurrido en las cárceles desde el año 2014 no ha habido sanciones para los amotinados a pesar de haberlos identificado.

Si se añade la afirmación del asambleísta de Alianza PAIS José Serrano, quien fuera ministro del Interior entre 2011 y 2016, respecto de que la Policía y el Ministerio de Gobierno recibieron alertas sobre lo que iba a ocurrir en las cárceles y que la prelibertad de alias Rasquiña –líder de Los Choneros, asesinado– fue pactada a cambio de mantener el orden en las cárceles, se impone exigir que se desvele el mecanismo que posibilita el dominio del crimen organizado sobre el sistema que debería impedir su accionar y que los amotinados sean sancionados. (O)