Durante los últimos siete días, la Corte Constitucional (CC) realizó las audiencias de estrados en las que escuchó los argumentos de parte y parte en torno a las demandas de inconstitucionalidad de tres leyes que el Gobierno ha considerado vitales en su lucha contra el crimen organizado.
Se trata de las leyes de Solidaridad Nacional, de Integridad Pública y de Inteligencia; las dos primeras enviadas como urgentes en materia económica; y la otra se presentó años atrás y en el camino fue apadrinada por el oficialismo haciéndole importantes ajustes. Juntas suman más de 40 demandas; al aceptarlas a trámite, la Corte dio paso a medidas cautelares.
Los demandantes han argumentado que estas normas podrían afectar derechos y libertades, y que se habrían dado violaciones legales en el trámite legislativo. Y del lado del Gobierno y de la Asamblea, se justifica su aprobación en la urgencia de contar con las herramientas legales para combatir a las bandas criminales.
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Una vez concluidas estas diligencias, la Corte entrará en una etapa de reflexión interna para resolver las demandas.
Los constitucionalistas han planteado tres escenarios posibles: que la Corte resuelva a favor del Gobierno y declare que las leyes son constitucionales; que resuelva a favor de los demandantes y declare la inconstitucionalidad total de todas las normas; o declare la inconstitucionalidad parcial y module su aplicación.
De darse el primer escenario, sectores sociales han advertido con movilizaciones contra el Gobierno y la Corte. En los otros dos escenarios, el régimen podría acentuar sus críticas a la institución, evidenciadas con la marcha liderada por el presidente Daniel Noboa y su propuesta de enmienda constitucional para que los magistrados de la CC sean sometidos a juicio político.
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Los jueces de la CC deben tomar una decisión apegados a la Constitución y no sometidos a presiones de ningún tipo que puedan entorpecer su trabajo que consiste, básicamente, en garantizar el respeto al Estado constitucional de derechos y la democracia. (0)
