El acoso, la violencia política, la violencia de género no son temas menores en Ecuador. El tratamiento de este tipo de problemas merece toda la seriedad y rigurosidad para que no queden en el morbo, el escándalo virtual y terminen en la impunidad que tanto daño hace.
Cuando se trata de una relación personal sin duda es parte de la intimidad de los individuos en cuestión, pero cuando se habla de supuesto acoso de funcionarios o altos exfuncionarios hacia burócratas –o en el sector privado– y hay denuncias en Fiscalía, además de audios que se difunden en redes sociales que seguramente serán judicializados, hay que exigir investigaciones que permitan determinar víctimas y victimarios. La violencia de género es inaceptable en todos los ámbitos. No existen perseguidos ni perseguidores cuando se pide justicia y transparencia.
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Ecuador tiene una historia de lucha contra la violencia a la mujer. En campaña, la candidata presidencial Luisa González denunció haber sido víctima de esta mala práctica en materia política, inclusive reclamó en el debate de segunda vuelta que no hubo espacio para hablar de la violencia que sufren las féminas.
En su movimiento, Revolución Ciudadana, sale a la luz el caso que debe preocupar a todos los ciudadanos. Desde el mismo grupo político deben levantarse las voces para que se investigue con seriedad el tema, que se aclare. Los escándalos no le hacen bien a la institucionalidad; la impunidad ni el ocultamiento logran que desaparezca un asunto de tanta sensibilidad, se debe velar por la búsqueda de respeto a la dignidad humana. Sí, es un hecho vergonzoso, pero precisamente por eso la justicia tiene que imperar.
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La acusación contra el exvicepresidente Jorge Glas no es la única, él también denunció a su exsecretaria personal por supuesta extorsión. Las dos querellas están en manos de Fiscalía, institución que debe indagar para que esto no se convierta en un caso amargo de impunidad que involucra política, presunta corrupción y supuesto acoso. (O)