Con retraso de dos años se cerró la renegociación de los contratos de telefonía móvil que incluye el espectro adicional para el despliegue de la tecnología 5G. Noticia alentadora, considerando que estas redes de nueva generación se han instalado desde 2019 en Argentina, Brasil, Chile, México, Puerto Rico, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Hay quienes piensan que este tipo de acuerdo tiene algo velado, pero como se cierran regularmente en la región y el mundo hay parámetros que sirven de referencia para conocer los rangos de valoración tanto del espectro como del negocio en marcha. Ante las tres opciones: máxima, intermedia y mínima, desde el punto de vista de la recaudación fiscal, nuestro país tiende nuevamente hacia la primera por la necesidad de recursos para la ejecución presupuestaria. Hasta fin de año las operadoras Conecel (Claro) y Otecel (ahora Millicom que adquirió los derechos de Telefónica Ecuador) cancelarán $ 610 millones, en proporción asimétrica según su participación de mercado. Para los 13 años restantes de concesión abonarán en total $ 1.550 millones (no incluye el pago del impuesto a la renta y otras tasas).
El despliegue de la red 5G se dará de forma progresiva desde enero. Primero tiene que haber oferta en el mercado de teléfonos celulares de esta tecnología que son más costosos que los actuales de 3/4G. El beneficio de un servicio de transmisión de datos mucho más rápido, seguro y confiable irá marcando la celeridad de este cambio. Un factor positivo para la competencia es que Millicom, una transnacional con presencia en el mercado regional, que ahora suma 11 países, viene con la intención de invertir en nueva infraestructura de red, agresivamente, a diferencia de Telefónica que desde 2019 había decidido retirarse de Hispanoamérica.
Lo importante en esta transición es que el Gobierno central garantice que los municipios faciliten y no obstaculicen el despliegue en marcha. Ocurrió en 2015 cuando se concesionó el espectro 4G y decenas de GAD expidieron ordenanzas de implantación de radiobases con la exigencia de pago, vía coactiva, por el supuesto uso de espectro radioeléctrico que es, constitucionalmente, una competencia nacional; cobraron dolosamente multimillonarias sumas que con el tiempo han debido devolver.
La propia evolución del negocio condujo a que, a partir del mismo año, las operadoras vendieran su infraestructura de torres a terceros para que se ocupen de esta actividad accesoria. En 2017 la agencia de regulación y control sectorial, Arcotel, normalizó esta tendencia de ámbito global. Pero en 2022, mediante una interpretación jurídica del antiguo Ministerio del Ambiente se invalidó la transferencia de obligaciones de licenciamiento ambiental de los operadores a los torreros porque estos últimos, supuestamente, no tienen título habilitante para la prestación del servicio. Algo insólito que viene refrenando por parte de municipios, nuevamente ávidos de recaudación, el despliegue de infraestructura en centenares de sitios.
A parte de este aviso, cabe felicitar la decisión política del Gobierno de no continuar extendiendo aún más esta renovación a todas luces imprescindible. Saludable para la seguridad jurídica y la imagen del país. (O)
