Corría el año 2002. En mi calidad de ministra de Ambiente del Gobierno de Gustavo Noboa Bejarano, tenía relación directa con el ministro de Colombia, Juan Mayr. Para los ambientalistas de Colombia la llegada al poder de Álvaro Uribe, en el 2002, paralizaba desde la respiración hasta el pensamiento.
Las señales de Uribe eran claras y transparentes; nada podía interferir en la atracción de inversiones en nuestro vecino del norte. Mediante la Ley 790 de 2002, fusionó el Ministerio del Medio Ambiente con el de Desarrollo Económico y Vivienda, creando el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Para los ambientalistas, esto fue una “degradación” de la autoridad ambiental. Se percibió que el ambiente quedaba supeditado a metas de desarrollo, perdiendo autonomía a favor de la inversión privada.
El Gobierno de Uribe también identificó que los tiempos y requisitos para obtener licencias ambientales eran “cuellos de botella” para los proyectos de infraestructura y minero-energéticos. Se emitieron decretos que buscaban agilizar los trámites de licenciamiento. Su premisa era que la protección ambiental no podía ser un obstáculo para el progreso económico. Se eliminaron pasos intermedios y se redujeron tiempos de respuesta, lo que el sector privado celebró como un alivio a la “tramitomanía”.
Uribe vinculó directamente la confianza inversionista con la seguridad militar. Su mensaje era: “Colombia es segura para invertir”. Desplegó a las Fuerzas Militares para proteger la infraestructura petrolera y eléctrica, blanco de ataques guerrilleros.
En 2003 se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), quitándole a Ecopetrol la función de administrar los recursos petroleros del país para que pudiera competir como una empresa más, mientras la ANH ofrecía condiciones contractuales mucho más atractivas para las multinacionales. Esto atrajo a cientos de empresas petroleras júniores y grandes, acelerando la exploración en nuevas áreas.
Por último, la creación de los contratos de estabilidad jurídica, que aseguraban a los grandes inversionistas que las reglas del juego (impuestos y normativas) no cambiarían durante 20 años. Esta “transparencia” en las condiciones económicas trajo como consecuencia niveles récord de inversión extranjera directa (IED), pasando de 2.100 millones de dólares en 2002 a más de 10.000 millones en 2008.
La seguridad es la base de la libertad. La seguridad no es ideología, sino un derecho humano. Sin orden no hay inversión, y sin inversión no hay recursos para la política social.
Orden, educación, salud se enmarcaron en su visión de los “tres huevitos” (seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social). Fue la metáfora más famosa que utilizó Uribe para explicar el legado que todos debemos cuidar.
Salí de escuchar al expresidente Uribe en la UEES convencida de que el destino de Ecuador no es el caos, sino el orden democrático que nace de la voluntad inquebrantable de un liderazgo que ama a su patria por encima de sus propias angustias. El legado más importante que podemos tener como resultado de su charla es el despertar en nuestros jóvenes un apetito por el quehacer político de cuidar los “tres huevitos” de Ecuador. (O)