La reciente denuncia de corrupción en el sistema judicial, revelada por el canal Teleamazonas, es un golpe más a la ya debilitada confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Según la denuncia, fiscales estarían lucrando con los casos de secuestro, exigiendo y cobrando entre $ 3.000 y $ 5.000 para liberar a los autores de estos delitos. Esta práctica aberrante es solo la punta del iceberg de una problemática mucho más profunda que afecta a todo el sistema judicial.
La degradación del sistema judicial. La corrupción en el sistema judicial no es un fenómeno nuevo, pero su acelerada descomposición es alarmante. En vez de proteger a la ciudadanía, ahora algunos jueces, fiscales y funcionarios de apoyo parecen parte del engranaje de la delincuencia. Además de que la relación entre la clase política y la corrupción judicial es un tema recurrente en nuestro país. Es que la influencia de las élites políticas y económicas sobre el sistema judicial ha generado un caldo de cultivo para la corrupción y la degradación del sistema, permitiendo incluso la infiltración de mafias nacionales y extranjeras que aprovechan esta debilidad para sus propios fines de impunidad.
El papel del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura, concebido como el máximo órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, no ha cumplido con su misión. Su composición y funcionamiento no garantizan la independencia y la integridad que se requieren para desempeñar eficazmente sus obligaciones. La falta de aprobación de reglamentos importantes, la inestabilidad en los cargos directivos y la falta de evaluación a jueces y funcionarios judiciales son solo algunos ejemplos de su inoperancia.
La necesidad de reformas. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (art. 11) establece que los Estados parte deben adoptar medidas para fortalecer la integridad y evitar oportunidades de corrupción entre los miembros del poder judicial, respetando su independencia. Es hora de que nuestro país cumpla con estas recomendaciones y reforme el sistema judicial para garantizar la justicia y la integridad, pero con ayuda internacional, porque hemos demostrado histórica incompetencia para ese fin. La ciudadanía exige soluciones efectivas para combatir la corrupción, con fiscales y jueces éticos y confiables que también garanticen la protección de sus derechos fundamentales.
Conclusión. La corrupción en el sistema judicial es un problema sistémico que requiere una solución integral. Es hora de que las autoridades tomen medidas concretas para reformarlo y restaurar la confianza en la Policía, fiscales y jueces. La ciudadanía no puede seguir esperando. Es hora de actuar pidiendo ayuda a Naciones Unidas que nos provea una Comisión Internacional de Expertos que realice un diagnóstico, evalúe a jueces y fiscales, y que sugiera la legislación apropiada para intentar curar el cáncer del sistema judicial. Esto sería más rápido que hacer realidad en nuestro territorio de la instalación de una base militar de Estados Unidos para nuestra defensa, a la que no nos oponemos. (O)